La política mexicana atraviesa una crisis que no puede explicarse únicamente por coyunturas económicas, partidistas o ideológicas. Se trata de una crisis estructural, profundamente vinculada a la composición y permanencia de sus actores. La política en México sigue siendo vieja, no solo en términos generacionales, sino en sus prácticas, discursos y marcos conceptuales. Es vieja porque quienes la encabezan, en su mayoría, pertenecen a una clase política envejecida que ha demostrado una limitada capacidad de adaptación a las transformaciones sociales, culturales y demográficas del país.
Uno de los principios fundamentales de la democracia es la representación efectiva de las mayorías. Sin embargo, en México este principio se encuentra severamente debilitado. Escuchar a las mayorías hoy implica, necesariamente, escuchar a la población joven. De acuerdo con la estructura demográfica nacional, México es un país predominantemente joven, con generaciones que cuentan con mayores niveles de escolaridad, acceso a la información y conciencia crítica que las generaciones anteriores. No obstante, estas mayorías permanecen sistemáticamente excluidas de los espacios reales de toma de decisiones.
Esta contradicción resulta especialmente grave si se considera que el país se encuentra en un punto clave de su transición demográfica. En el momento de mayor concentración poblacional activa, la política nacional se encuentra estancada, anclada a visiones del pasado, incapaz de responder a las demandas contemporáneas. En lugar de renovarse, la política se arrancia, envejece y reproduce ideales obsoletos, desconectados del contexto económico, social y tecnológico actual, así como de las restricciones estructurales que han limitado el crecimiento sostenido del país durante las últimas décadas.
A este escenario se suma la normalización de prácticas de corrupción que se desarrollan a la vista de todos, sin consecuencias proporcionales ni sanciones ejemplares. La corrupción ya no opera únicamente en la opacidad, sino que se ha vuelto un fenómeno visible y, en muchos casos, tolerado por la propia clase política. Esta situación erosiona la legitimidad de las instituciones y profundiza la desconfianza ciudadana, especialmente entre los sectores jóvenes, que perciben un sistema político incapaz de autorregularse o de rendir cuentas.
Resulta paradójico que, en un país con una amplia base de jóvenes preparados, con formación académica y capacidades técnicas, el control político continúe en manos de actores con escasa preparación, visión limitada y una clara resistencia al cambio. Son estos sectores los que siguen definiendo el rumbo nacional, ocupando cargos estratégicos y, en muchos casos, apropiándose de partidos políticos como si se tratara de patrimonios personales. Esta dinámica no es producto del azar ni de la meritocracia; responde a lógicas de cacicazgo, clientelismo y manipulación que han caracterizado históricamente al sistema político mexicano.
La captura de las instituciones por parte de élites políticas enquistadas no solo limita la competencia democrática, sino que inhibe la renovación de liderazgos y bloquea el acceso de nuevas generaciones a posiciones de poder. El resultado es un sistema cerrado, autorreferencial y poco receptivo a las demandas sociales, que reproduce sus propias prácticas sin cuestionarlas.
Si bien es cierto que la edad suele asociarse con experiencia, esta relación no es automática ni necesariamente positiva. En el contexto político mexicano, la experiencia acumulada con frecuencia se acompaña de intransigencia, rigidez ideológica y una profunda aversión al disenso. Esta falta de apertura al diálogo y a la pluralidad constituye uno de los principales obstáculos para la construcción de consensos y la solución de los problemas estructurales del país. La intransigencia, más que la falta de recursos o capacidades, se convierte así en el origen de múltiples conflictos sociales y políticos.
Existen figuras públicas que ejemplifican de manera clara esta política confrontativa, personalista y poco constructiva, cuya presencia constante en el debate público contribuye más a la polarización que al fortalecimiento democrático. Más allá de nombres específicos, el problema radica en un estilo de hacer política basado en la descalificación, el dogmatismo y la permanencia indefinida en el poder, en detrimento del debate racional y la deliberación informada.
Frente a este panorama, la política en México requiere un cambio de rumbo profundo. No se trata únicamente de un relevo generacional, sino de una transformación ética y estructural que coloque en el centro el principio fundamental del servicio público: gobernar para servir a la sociedad y no para servirse de ella. La actualización de la política pasa por la inclusión efectiva de nuevas generaciones, la apertura de espacios reales de participación y la construcción de instituciones más transparentes, responsables y representativas.
Mientras México continúe siendo un país joven gobernado por ideas viejas, atrapado en prácticas políticas obsoletas y controlado por élites resistentes al cambio, las posibilidades de desarrollo pleno seguirán siendo limitadas. La renovación de la política no es una concesión generacional, sino una necesidad histórica para garantizar la viabilidad democrática del país.
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