La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, aprobada ya en el Senado y con aplicación gradual hasta 2030, se vende como una conquista histórica. Pero detrás del discurso político hay números duros que no admiten romanticismos: para miles de pequeñas y medianas empresas el impacto podría representar un incremento de entre 5% y hasta 20% en su nómina.
No es una percepción. Es aritmética básica.
8 horas menos, mismos costos fijos
Reducir ocho horas semanales por trabajador no elimina la necesidad operativa de cubrir turnos, producir, vender o atender clientes. En sectores que trabajan 24 horas o bajo esquemas de tres turnos de ocho horas, la ecuación es simple: o se contrata más personal o se pagan más horas extras.
Ambos escenarios cuestan dinero.
Empresarios del sector comercio y servicios estiman que el alza en costos de operación de la nómina puede oscilar entre 5% y 20%, dependiendo del número de empleados y del tipo de actividad. Para negocios con márgenes ajustados, ese porcentaje no es marginal: es la diferencia entre sobrevivir o cerrar.
El 98% de las empresas no son corporativos
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los pequeños comercios representan el 98% de la estructura empresarial del país. No son grandes consorcios con capacidad de absorber impactos; son negocios familiares, talleres, tiendas y microindustrias.
Además, generan entre 65% y 70% del empleo nacional. Golpear sus costos laborales no afecta a “los grandes”, afecta al corazón del mercado laboral mexicano.
Ignorar ese dato es desconocer la estructura económica real del país.
Más costos en un país con 55% de informalidad
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha advertido que la reforma elevará los costos laborales unitarios, especialmente en sectores que ya enfrentan altos niveles de informalidad como comercio y servicios.
Y aquí aparece el dato más preocupante: 55% de la población con capacidad laboral ya se encuentra en la informalidad.
En un entorno donde más de la mitad de los trabajadores opera fuera del sistema formal, encarecer la contratación formal parece una apuesta arriesgada. La lógica económica indica que cuando aumenta el costo de cumplir con la ley, crece el incentivo para evadirla.
¿Quién pagará la factura?
La reforma será gradual hasta 2030, pero la presión comenzará desde el primer ajuste. Sin incentivos fiscales, sin apoyos directos a la productividad y sin financiamiento accesible para modernizar procesos, el costo se trasladará inevitablemente a algún lado:
- Precios más altos al consumidor.
- Menos contrataciones formales.
- Mayor subcontratación irregular.
- Automatización para sustituir mano de obra.
La reducción de la jornada puede ser un objetivo legítimo en economías con alta productividad y bajo nivel de informalidad. México, sin embargo, enfrenta un contexto distinto: baja productividad, alta informalidad y empresas con capital limitado.
Trabajar 40 horas es deseable. La pregunta es si el país está en condiciones estructurales de absorber el impacto sin deteriorar empleo formal.
Los datos no son ideológicos. Son financieros. Y para las Pymes, el incremento de hasta 20% en nómina no es una consigna política: es una amenaza directa a su viabilidad.
Las Breves Informativas
