Lo ocurrido en Acambay no es un simple episodio aislado —es un espejo incómodo de lo que significa vivir en un país donde la línea entre autoridad y delincuencia se difumina con una facilidad alarmante. Doce policías municipales, hoy en prisión preventiva, enfrentan acusaciones gravísimas: haber disparado contra elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional durante un operativo por el robo de un vehículo. Una escena que debería resultar impensable, pero que en el México contemporáneo parece, lamentablemente, posible.
El hecho —una refriega en la comunidad de La Loma el fin de semana pasado— dejó un saldo trágico: un policía estatal muerto. Y aunque la justicia tendrá que determinar responsabilidades, el solo planteamiento de que agentes municipales hayan recibido a tiros a corporaciones estatales expone una grieta profunda: ¿para quién trabajan realmente algunos cuerpos policiacos?, ¿qué lealtades operan en terreno?, ¿qué tanto se ha erosionado la capacidad de los municipios para garantizar seguridad sin contaminarse por intereses oscuros?
Los doce elementos identificados como Carlos Alberto ‘N’, Carlos ‘N’, Pedro Antonio ‘N’, Edwin Saúl ‘N’, Rigoberto ‘N’, Guillermo ‘N’, Atanasio ‘N’, Iván ‘N’, Leonardo ‘N’, Roberto ‘N’, Elizabeth ‘N’ y María Isabel ‘N’ aguardan ahora a que un juez determine su situación jurídica este 30 de noviembre. La acusación es contundente: homicidio y homicidio en grado de tentativa. Cargos que, de confirmarse, revelarían no solo una traición institucional, sino una crisis sistémica en la seguridad municipal.
Porque este caso, más allá de sus protagonistas, nos obliga a revisar el modelo policiaco desde su raíz. La precarización laboral, la insuficiente capacitación, la penetración del crimen organizado, la falta de controles internos y externos… todos estos factores se combinan para producir escenarios donde los uniformados ya no solo fallan, sino que representan un riesgo.
Acambay no merece cargar con la sombra de unos cuantos; pero tampoco merece que se minimice lo que sucedió. Este episodio debe ser un punto de inflexión: un llamado urgente a auditar, depurar y reconstruir la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad municipal.
Porque cuando los policías se enfrentan entre ellos, no solo pierde una corporación. Pierde la comunidad entera. Pierde el Estado de derecho. Pierde el país.
Las Breves Informativas
