Hablar de la Universidad Autónoma de Sinaloa es hablar de números que impresionan: liderazgo entre universidades públicas estatales en el ranking de Times Higher Education, más de 170 mil estudiantes, matrícula anual cercana a los 2 mil 500 pesos y una política de inclusión que ha permitido movilidad social en el noroeste del país.
Pero también es hablar desde un territorio herido.
Porque mientras la Casa Rosalina presume indicadores de excelencia académica y cobertura histórica, el estado de Sinaloa vive una realidad que no puede ocultarse bajo ningún ranking: la violencia persistente y el dolor de las desapariciones.
Ahí está el contraste incómodo.
Por un lado, aulas llenas, convenios internacionales, acreditaciones, investigación científica y una administración encabezada por el rector Jesús Madueña Molina que ha defendido la viabilidad financiera sin cerrar puertas. Por el otro, madres buscadoras que recorren brechas, colectivos que organizan jornadas de rastreo y familias que siguen esperando respuestas.
La universidad no es ajena a esa fractura. Muchos de sus estudiantes provienen de comunidades golpeadas por la violencia. Algunos han perdido amigos, hermanos o vecinos. Otros viven con la incertidumbre permanente de un estado donde la desaparición dejó de ser noticia excepcional para convertirse en estadística recurrente.
Y es ahí donde el verdadero valor de la UAS se pone a prueba.
No basta con ser la mejor evaluada; la universidad pública tiene una responsabilidad ética: formar profesionales, sí, pero también ciudadanos críticos capaces de cuestionar la normalización del horror. La excelencia académica pierde sentido si no dialoga con la realidad social que la rodea.
La matrícula accesible —2 mil 500 pesos anuales— es un acto de justicia social. Permitir que jóvenes de escasos recursos estudien en una institución de alto nivel es abrir una puerta a la movilidad. Pero en un estado donde hay familias buscando a sus desaparecidos, la educación también debe convertirse en herramienta de memoria y exigencia.
La UAS, con su peso histórico y su cobertura territorial, tiene la capacidad de generar investigación seria sobre violencia, políticas públicas y derechos humanos. Puede impulsar observatorios, acompañar procesos de documentación y ofrecer espacios de reflexión que incomoden al poder cuando sea necesario.
Porque no hay desarrollo sostenible en medio de la impunidad.
El liderazgo en rankings internacionales coloca a la universidad en el mapa global. La realidad de las desapariciones la obliga a mirar hacia dentro. Esa dualidad define hoy a Sinaloa: crecimiento institucional y herida abierta; reconocimiento académico y crisis de seguridad.
La Casa Rosalina sigue siendo una de las principales puertas de movilidad social en el noroeste. Pero su grandeza no solo se medirá por posiciones en tablas comparativas, sino por su capacidad de asumir un papel activo frente al contexto que la rodea.
En tiempos de oscuridad, las universidades no pueden limitarse a graduar generaciones; deben contribuir a reconstruir el tejido social. Y esa, quizá, es la tarea más compleja —y más urgente— para la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Las Breves Informativas
