En los tiempos políticos actuales, donde la línea entre análisis y propaganda se diluye con facilidad, emerge una figura cada vez más visible: la del ex político reconvertido en comentarista, del “comentócrata” que opina con aparente autoridad, y del “policomentólogo” que transita entre micrófonos, aulas y oficinas públicas según convenga. En su ir y venir, estos personajes generan una avalancha de contenidos que, más que aportar una visión plural y estructurada, dejan un tufo evidente a intereses políticos.
El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más descarado. Algunos operan desde municipios, otros desde dependencias estatales, varios más desde espacios académicos afines al poder, mientras que otros se autodenominan oposición. Sin embargo, el patrón se repite: discursos sin cohesión, narrativas fragmentadas y posicionamientos que parecen responder más a estrategias que a convicciones.
En vísperas de elecciones intermedias, esta dinámica se intensifica. Surgen contenidos sin ton ni son, piezas de opinión disfrazadas de información, ataques selectivos y defensas calculadas. El objetivo es claro: polarizar, inclinar la balanza y, sobre todo, ganar ventaja ante una autoridad electoral que parece incapaz —o desinteresada— en frenar los actos anticipados de campaña.
Porque aunque la promoción adelantada es visible para todos, pareciera invisible para quien debería sancionarla. Así, la campaña se traslada a columnas, redes sociales, mesas de análisis y espacios informativos donde quienes dicen informar, en realidad militan; y quienes se dicen oposición, muchas veces terminan golpeando a su propio bando.
La carrera por posicionar perfiles políticos deja al descubierto una realidad incómoda: no hay reglas claras de partido y, peor aún, no hay autoridad que las haga valer.
En Querétaro, todo parece posible. No importa el origen, los antecedentes o los señalamientos. Da lo mismo si se habita en zonas marcadas por irregularidades, si existen cuestionamientos personales o si hay dudas sobre decisiones públicas que favorecieron intereses privados.
Los escándalos pasan a segundo plano. Las inconsistencias se diluyen. Los cuestionamientos se relativizan. Lo único que importa es llegar mejor posicionado en la contienda, cueste lo que cueste. Lo demás —legalidad incluida— se resolverá después, en tribunales que muchas veces terminan validando lo que previamente fue señalado, cuestionado e incluso pisoteado.
En este escenario, la política deja de ser un ejercicio de representación para convertirse en una competencia de resistencia: resiste quien mejor manipula la narrativa, quien más presencia mediática logra y quien consigue sortear —o ignorar— los límites legales.
El problema no es solo la anticipación de las campañas, sino la normalización de esta práctica. Cuando la ilegalidad se vuelve costumbre, la institucionalidad pierde sentido. Y cuando la autoridad guarda silencio, su inexistencia es contundente: las reglas existen, pero no necesariamente para cumplirse.
Así, Querétaro avanza hacia un proceso electoral donde la contienda ya comenzó, aunque oficialmente no haya iniciado. Una elección donde los discursos ya están en marcha, los intereses definidos y las estrategias operando. Una elección donde, tristemente, la legalidad parece ser apenas un trámite posterior.
Y en medio de todo, la ciudadanía observa. Observa cómo se construyen candidaturas, cómo se manipulan narrativas y cómo se juega con los límites de la ley. Observa, pero también decide. Porque, al final, más allá de comentaristas, estrategias y simulaciones, será el voto el que defina si esta dinámica continúa… o si, por fin, encuentra un freno.
