La promesa de erradicar la corrupción fue uno de los pilares discursivos de la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, los hechos documentados en la investigación de Eduardo Buendía, Raúl Olmos y Verónica Ayala obligan a cuestionar si, en la práctica, los viejos esquemas de triangulación y opacidad simplemente han mutado de forma.
El caso de Grupo Tecno resulta paradigmático. Una empresa con apenas 19 empleados formales y una nómina anual de 600 mil pesos fue beneficiada en 2020 con un contrato de 3 mil 800 millones de pesos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la emisión de pasaportes. El dato, por sí solo, debería haber encendido alertas institucionales: ¿cómo una compañía con capacidades operativas tan limitadas accede a un proyecto de tal magnitud?
La situación se vuelve aún más delicada al observar lo ocurrido después. A tan solo un mes de haber obtenido el contrato, la empresa cambió de dueño, y en ese mismo año transfirió más de 65 millones de pesos a una red de empresas catalogadas como “fantasma”. Este patrón no es nuevo en México: compañías sin operaciones reales que sirven como vehículos para dispersar recursos y dificultar su trazabilidad.
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Lo que agrava el caso es la conexión política. Varias de estas empresas están vinculadas a César Adrián Gamboa Montejo, operador financiero del Partido del Trabajo en Quintana Roo. No se trata, por tanto, de un simple desorden administrativo o de fallas en los controles, sino de posibles mecanismos de financiamiento político que, de confirmarse, implicarían el uso indirecto de recursos públicos para fines partidistas.
El contexto tampoco es menor. La triangulación inicia en el mismo año en que se asigna el contrato más grande del sexenio en materia de pasaportes, bajo la gestión de la SRE. Además, el flujo de recursos coincide con ciclos políticos relevantes, en los que el Partido del Trabajo ha participado activamente en coalición con Morena y el Partido Verde.
Aquí es donde la narrativa oficial enfrenta su mayor tensión. La lucha contra la corrupción no puede sostenerse únicamente en el discurso o en la persecución selectiva del pasado. Requiere consistencia, transparencia y, sobre todo, la disposición de investigar y sancionar irregularidades sin importar el color político de los involucrados.
Este caso plantea preguntas incómodas pero necesarias: ¿qué mecanismos de control fallaron en la asignación del contrato? ¿Quién supervisó el destino de los recursos? ¿Por qué una red de empresas fantasma pudo operar sin consecuencias inmediatas? Y, más importante aún, ¿existe voluntad política para esclarecer los hechos?
La credibilidad institucional no se construye con declaraciones, sino con resultados. Si la Cuarta Transformación aspira a diferenciarse de los gobiernos que la precedieron, casos como este deben investigarse a fondo y sin concesiones. De lo contrario, el riesgo es claro: que la promesa de cambio termine diluyéndose en las mismas prácticas que se juró erradicar.
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