Cada 8 de marzo, el mundo recuerda una fecha emblemática en la lucha histórica por los derechos de las mujeres. El Día Internacional de la Mujer nació como una conmemoración para visibilizar la desigualdad, exigir justicia y reconocer los avances —y pendientes— en materia de equidad. Sin embargo, con el paso de los años, la esencia de esta jornada parece diluirse en medio de expresiones cada vez más radicalizadas que, lejos de fortalecer la causa, terminan por distorsionar su significado.
En México, las marchas del 8M se han convertido en un escenario donde conviven la legítima protesta social con episodios de vandalismo, agresiones y daños al patrimonio público. Lo que en su origen fue una jornada de reivindicación de derechos hoy, en ciertos sectores, se transforma en una permisividad tácita para destruir monumentos históricos, pintar edificios públicos o atacar físicamente a quienes simplemente se encuentran en el camino.
La imagen se repite cada año: monumentos históricos cubiertos con pintas, dependencias gubernamentales dañadas y, en el caso de la capital del país, el Palacio Nacional amurallado con vallas metálicas como símbolo de una tensión que el Estado parece incapaz de gestionar de otra manera. En otras ciudades del país, el fenómeno se replica con menor o mayor intensidad.
El problema no radica en la protesta ni en el derecho a la libre manifestación —derecho fundamental en cualquier democracia—, sino en la delgada línea que separa la exigencia legítima de justicia del consentimiento implícito para la violencia y el daño patrimonial. Mientras algunos colectivos utilizan el movimiento para denunciar la violencia de género, otros grupos aprovechan el contexto para desatar acciones que terminan por deslegitimar la causa ante la opinión pública.
Resulta igualmente preocupante la pasividad de las autoridades. Bajo el argumento de no reprimir la libre expresión, los gobiernos optan por una estrategia de contención mínima o nula, permitiendo que la jornada derive en agresiones contra terceros, incluyendo periodistas o ciudadanos que simplemente se encuentran en el lugar equivocado. En muchos casos, basta con cruzar la trayectoria de algunos contingentes para convertirse en blanco de insultos, empujones o incluso agresiones físicas.
La tolerancia institucional llega a tal grado que participantes encapuchadas portan martillos, tubos u otros objetos con los que dañan infraestructura urbana, sin que exista una respuesta clara para mantener el orden público. El mensaje que queda es ambiguo: mientras se protege el derecho a manifestarse, se normaliza la destrucción como forma de protesta.
La autoridad, en ese sentido, parece optar por “curarse en salud”: dejar que el día transcurra, asumir los costos materiales y evitar cualquier confrontación que pueda interpretarse como represión. Sin embargo, ese costo lo pagan todos los ciudadanos, ya sea a través de la reparación de daños al patrimonio o mediante la creciente normalización de la violencia como forma de expresión política.
Defender los derechos de las es una causa legítima y necesaria en una sociedad que aún enfrenta graves problemas de violencia de género. Pero también es indispensable diferenciar entre la protesta que busca justicia y aquella que deriva en vandalismo, agresión o confrontación gratuita.
El reto para las autoridades no es suprimir la manifestación, sino garantizar que el ejercicio de un derecho no termine vulnerando el de otros ni destruyendo lo que pertenece a todos. De lo contrario, el riesgo es que una fecha destinada a la reflexión y a la justicia social termine siendo recordada únicamente por la confrontación y el deterioro del espacio público.
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