En un país donde ejercer el periodismo implica riesgos que van desde la censura indirecta hasta la violencia letal, preocupa profundamente que en Querétaro —uno de los estados que presume estabilidad y orden— las amenazas contra comunicadores continúen ocurriendo sin que exista un protocolo efectivo de reacción. Peor aún, estas agresiones se cometen abiertamente, frente a todos, incluso en redes sociales, sin que las autoridades activen mecanismos de protección.
El caso más reciente involucra al analista político José Luis Aguilera Rico, quien fue amenazado de manera directa por un individuo plenamente identificado. El hecho, que quedó documentado en plataformas digitales, expuso no solo la intencionalidad del agresor, sino la falta absoluta de vigilancia y respuesta por parte de las instituciones que tendrían la obligación de actuar de oficio.
A pesar de que en Querétaro existe una ley para sancionar el acoso cibernético, su aplicación dista mucho de la realidad cotidiana. La normativa, celebrada en su momento como un avance, “se quedó en el boletín”, señalan comunicadores locales que han denunciado la ausencia de investigaciones, medidas de protección y canales efectivos para reportar este tipo de agresiones.
“La ley existe solo de nombre. Cuando un periodista es amenazado públicamente y las autoridades no reaccionan, lo que queda claro es que no hay voluntad ni estrategia para proteger la libertad de expresión,” declaró un comunicador que prefirió reservar su identidad por motivos de seguridad.
El estado enfrenta así una contradicción profunda: mientras se proyecta como un territorio seguro y en orden, mantiene vacíos institucionales que dejan a periodistas y analistas a su suerte. La omisión, advierten especialistas, no solo normaliza la violencia, sino que retrasa la creación de políticas públicas efectivas.
A nivel nacional, México continúa apareciendo entre los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. Organismos internacionales han urgido a las entidades federativas a construir sistemas locales de protección, pero en Querétaro, la estructura es incipiente y la coordinación con la federación resulta limitada.
“Si una amenaza pública no activa protocolos, ¿qué tendría que pasar para que las autoridades reaccionen?”, cuestionó un académico en temas de comunicación y seguridad.
La respuesta, hasta ahora, parece ser el silencio institucional.
Mientras no exista un monitoreo real de redes sociales, una unidad especializada y protocolos claros de acompañamiento, las amenazas seguirán siendo parte del paisaje cotidiano para quienes informan. Lo preocupante es que, de continuar así, la violencia podría escalar sin que el estado tenga siquiera la capacidad de responder.
La libertad de expresión —uno de los pilares democráticos más sensibles— no puede quedar reducida a discursos oficiales. En Querétaro, es urgente pasar del papel a la acción. De lo contrario, cada nueva amenaza no solo será un recordatorio de la vulnerabilidad del gremio, sino también una evidencia más de que la ley no se aplica, la autoridad no actúa y la impunidad sigue marcando el rumbo.
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