La crisis de personas desaparecidas en México continúa generando controversia tanto a nivel nacional como internacional, en medio de cuestionamientos sobre la veracidad de las cifras oficiales y el manejo político del problema.
En 2019, durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno mexicano extendió una invitación al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para realizar una visita in situ y evaluar la situación de desapariciones en el país. Sin embargo, las resoluciones emitidas por este organismo derivaron en un distanciamiento entre ambas partes, evidenciando diferencias en la interpretación del fenómeno.
De acuerdo con un estudio del Centro de Análisis e Investigación Fundar, los reportes presentados por el Gobierno federal representan únicamente “mediciones de papel”. El análisis advierte que, en un contexto donde la cifra negra —es decir, los delitos no denunciados— alcanza el 93%, basarse exclusivamente en carpetas de investigación para dimensionar la problemática genera una visión distorsionada de la realidad.
En contraste, la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, criticó el informe elaborado por la ONU. Señaló que el documento se fundamenta en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, lo que, a su juicio, implica una extrapolación inadecuada a la situación actual del país. Asimismo, condenó lo que consideró un uso político del informe internacional.
La discusión refleja la persistente falta de consenso sobre la magnitud real de la crisis de desapariciones en México y pone en evidencia los retos que enfrentan las autoridades para generar diagnósticos confiables y políticas públicas efectivas.
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