- La destitución que no resuelve el problema.
La destitución de Karla Díaz Hermosilla, fiscal regional de Veracruz, tras imputar al periodista Rafael “Lafita” León por terrorismo, debería ser motivo de reflexión más que de alivio. No se trata solo de un cambio de cargo; es un recordatorio de que en México la libertad de prensa sigue bajo amenaza.
Acusar de terrorismo a un reportero no es un error menor: es un acto que busca intimidar, criminalizar y silenciar. Que un juez haya descartado la imputación extrema no borra el daño infligido: la amenaza a la reputación, el estrés personal y el riesgo real para la integridad de un profesional. La señal hacia otros periodistas es inequívoca: cubrir violencia, corrupción o irregularidades puede costarte no solo la carrera, sino incluso la libertad.
En 2025, según la organización Artículo 19, México se mantuvo entre los países con más agresiones a la prensa en América Latina, con al menos 90 ataques documentados contra periodistas, incluyendo amenazas, hostigamiento judicial y agresiones físicas. Veracruz, tristemente, se encuentra entre los estados más riesgosos, con un historial de agresiones impunes que supera la media nacional.

Transparencia y justicia: asignaturas pendientes
El silencio de la Fiscalía sobre los motivos de la destitución de Díaz Hermosilla evidencia un problema estructural: cuando las decisiones judiciales y administrativas se toman entre bambalinas, la ciudadanía pierde confianza y la impunidad se refuerza. Cambiar nombres en la Fiscalía no garantiza justicia; garantizarla es proteger a quienes informan, y proteger a quienes informan es proteger a la sociedad misma.
La salida de la fiscal no debe celebrarse como una victoria. Es solo un respiro en un conflicto más grande: la libertad de expresión sigue siendo un terreno hostil. Hasta que el Estado asegure que acusaciones desproporcionadas contra periodistas sean imposibles, cada Lafita León seguirá expuesto, y cada ciudadano seguirá pagando el precio de la censura indirecta.
La lección es clara: la justicia no puede ser un disfraz de autoridad, y la libertad de prensa no puede depender de la buena voluntad de funcionarios. Veracruz, y México entero, merecen algo más que cambios superficiales; merecen un sistema que proteja la verdad, incluso cuando incomoda al poder.