En México, el ejercicio de la información se desarrolla en un contexto complejo marcado por la violencia, la polarización política y la sobreabundancia de contenidos digitales. La expansión de las redes sociales ha generado una aparente democratización de la información, pero también una confusión entre las figuras del periodista, el comunicador y los llamados “periodistas de teléfono y redes sociales”. Aunque todos participan en el ecosistema comunicativo, sus funciones, responsabilidades y efectos sociales son profundamente distintos.
El periodista profesional en México cumple una función social esencial: investigar, verificar y difundir información de interés público con rigor y ética. Su trabajo implica contrastar fuentes, contextualizar los hechos y asumir responsabilidad frente a la sociedad. Ejemplos claros de esta labor son las investigaciones realizadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que han documentado casos como la “Estafa Maestra”, revelando redes de corrupción mediante un trabajo sistemático y verificable. Este tipo de periodismo demuestra que informar no es solo publicar datos, sino contribuir a la rendición de cuentas y a la democracia.
El comunicador, por su parte, desempeña un rol distinto. En México, suele trabajar en áreas como la comunicación gubernamental, empresarial o institucional, diseñando mensajes estratégicos para influir en la percepción pública. Por ejemplo, las conferencias matutinas del gobierno federal (“la mañanera”) son un ejercicio claro de comunicación política: no buscan informar de manera neutral, sino posicionar narrativas y justificar decisiones. Aunque legítima dentro de su ámbito, esta función no debe confundirse con el periodismo, ya que responde a intereses específicos y no necesariamente al derecho ciudadano a la información objetiva.
En contraste, los “periodistas de teléfono y redes sociales” han adquirido gran visibilidad en el país. Se trata de personas que, desde plataformas como TikTok, Facebook o X, difunden información basada en grabaciones con el celular, rumores o interpretaciones personales. En algunos casos, estos contenidos han servido para denunciar abusos de autoridad o visibilizar problemas locales, como videos ciudadanos que muestran actos de corrupción o violencia policial. Sin embargo, también han proliferado ejemplos negativos, como la difusión de noticias falsas durante sismos, procesos electorales o crisis sanitarias, generando pánico y desinformación entre la población.
La diferencia fundamental radica en la responsabilidad ética. Mientras el periodista profesional asume riesgos reales —en un país donde ejercer el periodismo puede costar la vida— y responde a principios de veracidad y servicio público, muchos creadores de contenido digital priorizan la viralidad, los seguidores y el impacto inmediato. Esta lógica ha provocado que la opinión se presente como noticia y que la especulación sustituya a la investigación.
En el contexto mexicano, confundir al periodista con el comunicador o con el generador de contenido en redes sociales no es un error menor, sino un riesgo social. En un país golpeado por la corrupción, la violencia y la impunidad, el periodismo profesional es una herramienta indispensable para la democracia y la defensa del derecho a la información. Aunque las redes sociales han abierto espacios de participación ciudadana, estas no pueden sustituir el rigor, la ética y la responsabilidad del periodismo. Reconocer y valorar estas diferencias es fundamental para formar una ciudadanía crítica, capaz de distinguir entre información, propaganda y opinión, y así evitar que la desinformación debilite aún más la vida pública en México.
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