La información siempre ha sido poder. La pregunta es: ¿Quién la ejerce hoy? En un ecosistema digital saturado, donde más de 447 mil creadores de contenido o influencers producen y difunden mensajes a diario, la línea entre informar, opinar y vender se ha vuelto peligrosamente difusa. El dato no es menor si se contrasta con otra cifra contundente: apenas 45 mil periodistas registrados en México, según cifras del INEGI (2019). El desequilibrio es evidente y el caos informativo, más que una amenaza futura, es ya una realidad palpable.
Con la llegada de las redes sociales, miles de personas salieron a las calles —y a las pantallas— con un teléfono móvil como herramienta principal. Documentan protestas, accidentes, declaraciones, tragedias y escándalos bajo la premisa de que “todo es contenido”. Sin embargo, lo que aparenta ser información carece muchas veces de un elemento esencial: la comprensión del significado profundo de informar. Informar no es solo mostrar; es contextualizar, verificar, contrastar y asumir responsabilidad social.
A este fenómeno se suma un elemento pocas veces abordado con honestidad: la migración de múltiples oficios hacia el ejercicio informal del periodismo. Maestros de primaria, ex políticos, ex servidores públicos, vendedores de celulares, camioneros, taqueros y otros trabajadores encontraron en el periodismo —o en lo que hoy se presenta como tal— una salida, una luz ante la falta de oportunidades y el deseo legítimo de hacerse de un lugar en la vida pública de sus municipios. El problema no es el origen social ni el oficio previo, sino la ausencia de formación, ética y límites claros.
En muchos casos, estos nuevos “proveedores de información” se coludieron con flamantes comunicadores que ya operaban en el ecosistema mediático local y que buscaban algo más que informar: acceder a una partida, a un convenio, a un beneficio económico o político. El resultado fue una proliferación descontrolada de páginas, perfiles y supuestos medios que poco tenían de periodísticos y mucho de intereses particulares. Ecatepec, en el Estado de México, fue un ejemplo claro no hace mucho tiempo, cuando se registró una oleada de más de 3 mil proveedores de información, muchos sin estructura, sin códigos deontológicos y sin responsabilidad editorial.
El periodismo no es improvisación ni espontaneidad viral. Es método, ética y servicio público. Requiere formación, criterio editorial y conocimiento de los procesos que garantizan que un hecho sea presentado con rigor y equilibrio. En contraste, gran parte del contenido que hoy circula responde a lógicas ajenas al interés público: el algoritmo, la monetización, la presión política y la venta al mejor postor. La información, entonces, deja de ser un derecho para convertirse en un producto etiquetado.
No se trata de demonizar a los creadores de contenido ni de cerrar la puerta a nuevas voces. Muchos cumplen una función relevante al visibilizar problemáticas que los medios tradicionales han ignorado o no han sabido narrar. El problema surge cuando la viralidad sustituye a la veracidad y cuando la opinión se presenta como hecho. En ese terreno resbaladizo, la desinformación prospera, la polarización se profundiza y la confianza pública se erosiona.
La asimetría entre periodistas profesionales y creadores digitales —o improvisados— plantea una paradoja inquietante: nunca hubo tantos emisores de mensajes y, al mismo tiempo, nunca fue tan difícil distinguir qué es información confiable. Mientras el periodismo enfrenta recortes, precarización laboral y ataques a su credibilidad, el mercado digital premia la rapidez, el escándalo y la emoción. El resultado es una esfera pública ruidosa, fragmentada y vulnerable a la manipulación.
¿En manos de quién está hoy la información? En muchas, quizá en demasiadas. Pero no todas asumen el peso de su impacto. Informar implica consecuencias. Un dato mal presentado puede dañar reputaciones, incitar al odio o distorsionar decisiones colectivas. La responsabilidad no debería depender del número de seguidores, sino del compromiso con la verdad.
Frente a este panorama, urge revalorizar el periodismo como profesión y fortalecer la alfabetización mediática de las audiencias. Consumir información también es un acto político: elegir fuentes, exigir transparencia y desconfiar de lo que solo busca vender. Porque si la información queda únicamente en manos del mercado, del interés político y del algoritmo, la pregunta ya no será quién informa, sino quién se beneficia del desorden.
