La reciente noticia sobre el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no puede analizarse como un hecho aislado ni celebrarse sin matices. Durante años, esta organización criminal logró consolidarse como una de las estructuras delictivas más grandes y violentas de América Latina, con presencia en más de veinte estados del país y capacidad operativa para desplegar fuerzas de choque, incendiar vehículos, paralizar ciudades y sembrar el miedo incluso en entidades que históricamente se consideraban ajenas a la guerra del narcotráfico, como Querétaro.
La estrategia del terror —bloqueos carreteros, quema de automóviles, suspensión de clases y cierre de comercios— no solo buscaba desafiar al Estado, sino demostrar control territorial y poder de intimidación. Cada vehículo incendiado no era únicamente un acto vandálico: era un mensaje político-criminal. Era la exhibición pública de que la autoridad podía ser desafiada.
Sin embargo, el problema de fondo trasciende la figura de un solo capo. La captura o abatimiento de líderes criminales ha demostrado, en repetidas ocasiones, que no desmantela las estructuras financieras, logísticas y sociales que sostienen al crimen organizado. La fragmentación puede incluso recrudecer la violencia, generando disputas internas por el control de plazas y rutas de tráfico.
México enfrenta hoy una contradicción dolorosa: mientras el discurso oficial insiste en que la violencia está contenida o en disminución, millones de ciudadanos viven una realidad marcada por desapariciones diarias, desplazamientos forzados, cierres de negocios y miedo constante. Las cifras de personas no localizadas y homicidios dolosos hablan por sí mismas, pero más allá de los números están las historias humanas: madres buscadoras, periodistas amenazados, comunidades silenciadas.
A ello se suma un fenómeno preocupante: la normalización del caos. La suspensión de actividades económicas y educativas ante hechos violentos se ha vuelto casi rutinaria. Las pérdidas económicas para las familias —pequeños comerciantes, trabajadores que no pueden trasladarse, estudiantes que interrumpen su formación— no son reconocidas como parte del costo real de una estrategia de seguridad fallida. Se socializan las pérdidas, pero se politizan los éxitos.
La presión internacional en materia de control de armas y tráfico de drogas es necesaria, pero insuficiente si no se acompaña de una política interna coherente que fortalezca instituciones, profesionalice cuerpos policiales y combata la corrupción estructural. El combate al crimen no puede reducirse a operativos espectaculares ni a la eliminación de figuras simbólicas; requiere inteligencia financiera, coordinación real entre niveles de gobierno y una rendición de cuentas transparente.
También es imprescindible revisar el uso de la fuerza por parte de autoridades. Un Estado que tolera al crimen organizado pero actúa con dureza desproporcionada contra ciudadanos o periodistas erosiona su propia legitimidad. La seguridad no puede construirse a costa de los derechos humanos.
Hoy, más que celebrar la caída de un líder criminal, México debería preguntarse por qué fue posible que una organización delictiva alcanzara tal magnitud, capacidad de reclutamiento y presencia territorial. La respuesta incomoda: debilidad institucional, impunidad crónica y una economía informal que sirve de caldo de cultivo.
La narrativa de que “todo está bien” contrasta con un país donde se suspenden clases por balaceras, donde los secretarios de Estado lloran a sus elementos caídos mientras millones de familias lloran a sus desaparecidos, y donde la violencia se convierte en paisaje cotidiano. Un país donde unos pocos celebran golpes mediáticos, pero millones pagan las consecuencias.
La verdadera victoria no será el abatimiento de un capo, sino la reconstrucción de un Estado capaz de garantizar seguridad sin militarización permanente, justicia sin selectividad y prosperidad sin miedo. Mientras eso no ocurra, cada triunfo será apenas un respiro en medio de un incendio que sigue activo.
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