La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes —conocido como “El Mencho”— abre, una discusión incómoda sobre el costo humano y político de combatir a los grandes capos del narcotráfico.
La Fiscalía General de la República confirmó que el cuerpo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya fue reclamado por sus familiares. El trámite, frío y protocolario, contrasta con la violencia desatada en los bosques de Tapalpa, Jalisco, donde el fin de semana pasado se desarrolló el operativo que terminó con su vida.
Según la versión oficial, Oseguera fue herido durante el enfrentamiento con fuerzas federales y murió mientras era trasladado en helicóptero a un hospital. Después, sus restos fueron llevados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), bajo resguardo de la Guardia Nacional. En el papel, se trató de una operación de inteligencia. En los hechos, fue una batalla campal.
El secretario de la Defensa Nacional detalló que la ubicación del capo se logró tras el seguimiento a una de sus parejas sentimentales. Un movimiento discreto permitió identificar el inmueble donde permanecía con su círculo de seguridad. El saldo es demoledor: 25 elementos de la Guardia Nacional muertos y una treintena de presuntos integrantes del CJNG abatidos. Más allá de la cifra, lo que queda es la evidencia de que la captura —o eliminación— de un jefe criminal no ocurre en el vacío: arrastra consigo vidas, familias y una región entera marcada por el estruendo de las armas.
Ahora, mientras la Fiscalía formaliza la entrega del cuerpo y procesa judicialmente a dos detenidos vinculados al operativo —quienes ya enfrentan prisión preventiva en el penal del Altiplano—, el país se pregunta si la caída de “El Mencho” significará realmente un punto de inflexión o solo el reacomodo de un tablero donde las piezas se sustituyen con rapidez.
La historia reciente enseña que los cárteles no desaparecen con la muerte de su líder. Se fragmentan, mutan o se disputan el poder con mayor violencia. El Estado, por su parte, exhibe músculo en operativos de alto impacto, pero sigue enfrentando el desafío de traducir esos golpes en una reducción sostenida de la violencia.
La entrega del cuerpo marca el cierre administrativo de un episodio. El cierre político y social, sin embargo, está lejos de consumarse.
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