Morena decidió apostar fuerte por sus gobiernos municipales con la creación de la llamada Escuela Municipalista de Buen Gobierno, un espacio que, en el discurso, promete profesionalizar a presidentas y presidentes municipales para mejorar la gestión pública. En la práctica, sin embargo, el proyecto abre una discusión más profunda: ¿se trata de una auténtica estrategia para fortalecer al municipio o de un nuevo mecanismo para uniformar políticamente a quienes gobiernan bajo las siglas del partido?
Con más de un centenar de alcaldes morenistas reunidos, la dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde presentó la escuela como un parteaguas histórico. La narrativa es ambiciosa: décadas de formación, consolidación del “proyecto municipalista” y una transformación real desde lo local. Pero el problema no está en la intención, sino en la distancia que suele existir entre los manuales de gobierno y la realidad cotidiana de los municipios, donde la inseguridad, el rezago social y la falta de recursos no se resuelven con discursos, sino con resultados medibles.
Morena insiste en que la capacitación en finanzas sanas, austeridad republicana y gestión eficiente permitirá fortalecer a más de 800 gobiernos municipales. El planteamiento suena correcto: priorizar agua, drenaje, pavimentación, alumbrado, basura, espacios públicos y seguridad. Sin embargo, la experiencia demuestra que el mayor obstáculo de los municipios no es la falta de cursos, sino la politización de los recursos, la improvisación administrativa y, en muchos casos, la incapacidad para romper con viejas prácticas que el propio movimiento prometió erradicar.
Desde la tribuna, se repiten los principios de “no robar, no mentir y no traicionar”. El problema es que esos valores ya no se evalúan por lo que se dice, sino por lo que se hace. Hay municipios gobernados por Morena donde persisten contratos opacos, servicios públicos deficientes y una creciente percepción de inseguridad. Frente a ese escenario, una escuela partidista corre el riesgo de convertirse más en un espacio de adoctrinamiento que en un verdadero centro de profesionalización técnica.
Además, la presencia de funcionarios federales y estatales en las ponencias deja claro que la intención no es solo capacitar, sino alinear. Se habla de “homologar” políticas públicas, lo cual puede ser útil para ordenar criterios, pero también peligroso si se traduce en imponer una sola visión política en realidades municipales profundamente distintas. No es lo mismo gobernar una capital, un municipio rural o una zona con violencia estructural, y la estandarización puede terminar siendo más propaganda que solución.
Morena vende la Escuela Municipalista como el puente entre el partido y los gobiernos locales. Y ahí está otra alerta: cuando el partido se vuelve tutor del gobierno, la autonomía municipal se debilita. El riesgo es que los alcaldes gobiernen más para cumplir la línea política que para responder a las necesidades reales de sus comunidades.
La apuesta es clara: fortalecer la identidad morenista desde el territorio. Pero la ciudadanía no votó por escuelas, talleres o discursos transformadores; votó por calles pavimentadas, agua potable constante, seguridad efectiva y servicios que funcionen. Si la Escuela de Buen Gobierno no se traduce en eso, quedará como otro proyecto bien diseñado en papel, pero incapaz de resolver la crisis cotidiana que enfrentan los municipios del país.
Morena puede formar cuadros, capacitar técnicos y repetir consignas, pero el verdadero examen no se aprueba en salones ni en foros partidistas, sino en la calle. Ahí donde la gente ya no evalúa intenciones, sino resultados. Y ahí, justamente, es donde la Escuela Municipalista tendrá que demostrar si es una herramienta de transformación real o solo una estrategia política con otro nombre.
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