En la política mexicana —y Querétaro no es la excepción— la llamada “cadena de favores” se ha consolidado como la verdadera moneda de cambio. Más allá del discurso institucional, la operación real del poder se sostiene en acuerdos que rara vez se documentan, pero que determinan candidaturas, nombramientos y decisiones estratégicas dentro de ayuntamientos, dependencias y oficinas de gobierno.
Cada proceso electoral reactiva este engranaje. La clase política se convierte en el foco mediático no necesariamente por propuestas o resultados, sino por la danza de negociaciones que se desarrollan en lo oscuro. Posiciones dentro de administraciones municipales, direcciones en secretarías o espacios en gabinetes se convierten en fichas de negociación. No es mérito, no es perfil, no es capacidad: es el pago de una factura pendiente o el anticipo de una lealtad condicionada.
Este fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más evidente. Las traiciones políticas, lejos de ser excepciones, forman parte natural del sistema. La lealtad tiene fecha de caducidad y suele coincidir con el calendario electoral.
Hoy aliados, mañana adversarios. Hoy operadores, mañana críticos. El poder no construye amistades: construye intereses temporales.
En las administraciones queretanas recientes, las versiones sobre secretarías “empeñadas” a cambio de financiamiento de campañas, respaldo político o conciliación de intereses no han dejado de circular. El intercambio es tan diverso como preocupante: plazas laborales para familiares, favores administrativos, condonaciones discretas, acceso privilegiado a contratos, terrenos y hasta viajes. Todo queda registrado en una contabilidad informal que tarde o temprano busca cobrarse.
El arranque anticipado de la carrera rumbo a 2027 ha intensificado estas prácticas. Han comenzado las visitas discretas, las reuniones privadas, las promesas adelantadas. Figuras sin trayectoria pública aparecen de pronto recorriendo oficinas empresariales, tocando puertas, solicitando apoyos económicos o políticos. No buscan construir legitimidad social, buscan construir compromisos que puedan traducirse en poder.
Es la pasarela de los aspirantes invisibles, personajes que no figuran en el debate público ni en la agenda ciudadana, pero que operan en el subsuelo del sistema político. Su único capital es la promesa de influencia futura.
El problema no es solo la existencia de estas prácticas, sino su desvergueza cada vez más visible. La política ha dejado de ser vista como un servicio público y se percibe cada vez más como un sistema de inversión, donde se aportan recursos esperando rendimientos en forma de cargos, contratos o decisiones favorables.
La consecuencia es una administración pública comprometida no con los ciudadanos, sino con quienes financiaron o facilitaron el ascenso al poder. La prioridad deja de ser gobernar y pasa a ser pagar compromisos.
Lo más preocupante es que, pese a la repetición de estos ciclos, el electorado suele olvidar con rapidez. Los escándalos pierden vigencia, los responsables se reciclan y el sistema se reinicia con nuevos nombres, pero con las mismas prácticas.
La política no cambia. Cambian los actores, pero las reglas informales permanecen intactas.
Y en esa lógica, la traición no es una excepción: es una herramienta. El favor no es un gesto: es una inversión. Y el poder no es un fin: es una deuda que siempre alguien espera cobrar.
Las Breves Informativas
