A un año de entrar al ciclo electoral de 2027, México debería estar discutiendo cómo ampliar derechos y consolidar su democracia. En su lugar, el país enfrenta una realidad más cruda: el acoso digital, telefónico y político se ha institucionalizado como herramienta de control, silenciamiento y exclusión, especialmente contra mujeres, periodistas y personas con identidades diversas. El problema no es solo la violencia, sino la incapacidad —y a veces la falta de voluntad— del Estado para responder con un marco legal eficaz.
Las cifras son contundentes. En 2023, el INEGI reportó que casi 21 % de las personas usuarias de internet en México (18.4 millones) sufrieron algún tipo de ciberacoso. Las mujeres siguen siendo las más afectadas: 22 % de las usuarias reportaron haber sido víctimas.
Este acoso no se limita a insultos aislados. Incluye llamadas reiteradas, mensajes intimidatorios, campañas de difamación, suplantación de identidad y difusión de información falsa o privada. Sus consecuencias son profundas: ansiedad, autocensura, afectaciones laborales y aislamiento social.
Pese a ello, el marco legal sigue siendo insuficiente. La Ley Olimpia cubre únicamente la difusión no consentida de material íntimo, dejando fuera gran parte del acoso sistemático en entornos digitales. El acoso telefónico, por su parte, continúa siendo tratado en muchos casos como una falta administrativa o un problema de consumo, sin consecuencias penales reales ni mecanismos de investigación eficaces.
Desde 2019, la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) está reconocida como delito y falta electoral. La ley contempla conductas como la desinformación con sesgo de género, la difusión de datos privados, la deslegitimación basada en estereotipos y la obstrucción del ejercicio del cargo.
El Instituto Nacional Electoral creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas por VPMRG, un instrumento clave para visibilizar agresores. Sin embargo, este registro ha revelado una verdad incómoda: entre las personas sancionadas hay militantes partidistas, funcionarios públicos y también periodistas y comunicadores, lo que demuestra que la violencia política no solo se origina desde el poder formal, sino también desde espacios mediáticos que influyen en la opinión pública.
Aun con estos mecanismos, la eficacia sigue siendo baja. En 2025, algunos tribunales estatales apenas acreditaron 28 % de los casos denunciados. Entre 2020 y 2024, el INE documentó 526 quejas por VPMRG, pero solo una fracción concluyó en sanciones firmes.
Hoy, la violencia política ya no se ejerce solo en mítines o instituciones. Se despliega en redes sociales, llamadas anónimas y campañas coordinadas de hostigamiento. Perfiles falsos, bots y mensajes intimidatorios operan para desgastar, intimidar y forzar la salida de mujeres de la vida pública.
El impacto es medible: en procesos electorales recientes, miles de candidaturas fueron abandonadas antes de la jornada electoral, con una sobrerrepresentación de mujeres entre las renuncias. No es casualidad, es el efecto directo de una violencia que sí funciona como barrera de acceso al poder.
Las fallas estructurales del sistema legal
El problema no es la ausencia total de normas, sino su diseño y aplicación:
- Tipificación fragmentada: el acoso digital, telefónico y la violencia política de género siguen regulándose como fenómenos separados, cuando en la práctica operan de manera conjunta.
- Impunidad persistente: la baja tasa de sentencias firmes envía un mensaje claro: agredir en el espacio digital casi nunca tiene consecuencias.
- Definiciones restrictivas: muchas conductas quedan fuera por interpretaciones estrechas de la ley.
- Débil capacitación institucional: fiscalías y tribunales carecen de formación especializada en violencia digital y de género.
Si México pretende llegar a 2027 con elecciones libres y equitativas, necesita algo más que discursos. Requiere reformas que reconozcan la realidad actual:
- Que el acoso digital y telefónico con fines políticos sea considerado explícitamente como violencia política en razón de género.
- Que las sanciones sean proporcionales al daño, incluyendo prisión cuando corresponda.
- Que existan mecanismos reales de protección y reparación para las víctimas.
- Que se capacite a operadores jurídicos en la naturaleza híbrida de estas violencias.
La democracia no se defiende solo con votos. Se defiende garantizando que nadie —ni desde la política, ni desde los medios, ni desde el anonimato digital— pueda expulsar a otras personas del espacio público mediante el miedo. En el México de 2026, esa sigue siendo una realidad inalcanzable.
Las Breves Informativas
