- Mientras los campesinos exigen mejores precios del maíz
CIUDAD DE MÉXICO, 25 de noviembre de 2026.— Minsa, empresa ligada a la familia de Altagracia Gómez Sierra, consultora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió un contrato por 346 millones 175 mil 400 pesos mediante adjudicación directa por parte del gobierno federal, en un contexto marcado por el descontento creciente de productores agrícolas que demandan precios justos para el maíz.
La propia mandataria ha reiterado una de sus frases distintivas: “Sin maíz, no hay país”. Sin embargo, el otorgamiento del contrato ocurre mientras campesinos de diversos estados intensifican sus protestas ante lo que consideran un abandono oficial frente a la crisis de rentabilidad del campo.
Un contrato millonario por adjudicación directa
El convenio fue asignado por la Dirección Comercial de Alimentación para el Bienestar (DICONSA) para el periodo de marzo a diciembre de 2025, bajo el concepto de “Servicio Integral de Transformación de Maíz de DICONSA en Harina de Maíz Nixtamalizada Marca Propia, así como su Empaque y Suministro”.
El procedimiento se justificó como adjudicación directa con base en el Artículo 41, Fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), argumentando la urgencia de contar con harina suficiente para operar el programa Maíz para Todos, destinado a abastecer a productores de tortilla en más de 3,500 localidades de 13 estados, mayoritariamente indígenas y afromexicanas, a precios por debajo del mercado.
La empresa adjudicada fue Minsa Comercial S.A. de C.V., cuyo Consejo de Administración preside Altagracia Gómez. El servicio deberá prestarse hasta el 31 de diciembre de 2025.
Los costos unitarios incluyen flete, maquila y empaque, con montos fijos de $3,962.96 por maquila y $249.90 por empaque. Para garantizar el cumplimiento, Minsa deberá presentar una póliza de garantía del 10% del monto total, equivalente a $34,617,540.00.
Gómez Sierra, además de su cercanía con el gobierno federal, encabeza el Consejo de Administración de Grupo Minsa S.A.B. de C.V., filial de la Promotora Empresarial de Occidente (PEO) y una de las principales productoras de harina de maíz nixtamalizado en el país.
Campesinos en protesta: “No es negocio sembrar maíz”
Mientras el gobierno asigna el contrato, productores de maíz —principal insumo de la industria harinera— denuncian una situación insostenible. El 24 de noviembre se intensificaron los bloqueos carreteros y manifestaciones para exigir que el gobierno garantice un mercado para 700 mil toneladas de maíz blanco, así como precios que cubran los costos de producción.
En Sinaloa, a días de iniciar el ciclo otoño-invierno, agricultores alertan que los intermediarios y empresas harineras pagan apenas poco más de 4 pesos por kilo de maíz, mientras la tortilla se vende hasta en 27 pesos.
La falta de apoyos, la incertidumbre sobre precios y la inseguridad han reducido la producción en casi 50% respecto a 2022, según los propios productores, quienes advierten que podrían dejar de sembrar.
En Jalisco, durante una mesa de diálogo con autoridades, un campesino confrontó directamente a los funcionarios con un reclamo que se volvió viral en redes sociales:
“¿Por qué subieron la tortilla a 25, 30 pesos cuando pagan el maíz a cuatro? Con un kilo de maíz salen kilo y 700 gramos de tortilla.
¿A quién están protegiendo?
Vean cómo vivimos: sin para comer, sin medicinas, sin para doctores. Ustedes tienen escuelas caras, carros del año, teléfonos de lujo… ¿Y el campesino? Mal vestido, mal comido, bien trabajado.
¿Qué chingada madre nos queda?”
Las protestas continúan mientras el gobierno apuesta a reforzar los programas de abasto social con empresas como Minsa, dejando abierta la discusión sobre quién gana y quién pierde en la cadena del maíz, el alimento base del país.
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