Francisco Aceves — Ciudad de México, 18 de noviembre de 2025
A pocos días de la multitudinaria marcha convocada por la llamada Generación Z el pasado 15 de noviembre, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha comenzado a trasladar a varios de los jóvenes detenidos a reclusorios del Estado. Según fuentes que denuncian represión política, los primeros arrestados fueron enviados al Reclusorio Norte y Sur, desmintiendo la narrativa de la mandataria sobre un movimiento sin jóvenes reales.
De la movilización al encierro
Durante la manifestación del 15N, miles de personas, principalmente jóvenes, se congregaron en el Zócalo de Ciudad de México para protestar contra la violencia, la impunidad y lo que denominaron un “narcogobierno”.
El saldo fue de 20 detenidos, de acuerdo con informes oficiales. Las autoridades reportaron además más de 100 policías lesionados.
Sin embargo, desde fuentes de organizaciones legales y de derechos humanos se afirma que los arrestos van más allá de lo que se ha revelado públicamente. Se menciona que entre los detenidos hay al menos siete jóvenes trasladados al Reclusorio Norte, incluyendo activistas como Daniela Toussaint Camberos, Jorge Félix, Guillermo Fabela, Fernando Caballero, Alberto González, Fernando Escobar y Federico Orozco, además de Perla Galván. Según las mismas versiones, otros 10 jóvenes habrían sido llevados al Reclusorio Sur.
Entre ellos figura Sergio David Velasco, un misionero cristiano, quien denunció haber sido arrestado por protestar contra lo que llamaron “narcogobierno”.
Familiares de los detenidos denunciaron que, con gestos de temor, los jóvenes fueron subidos a una camioneta Van negra de la Coordinación Territorial para su traslado, mientras gritaban al unísono: “¡Son estudiantes, no criminales!”.
El silencio de las instituciones
A pesar de las acusaciones crecientes de detenciones políticas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra, aún no ha emitido un pronunciamiento público sobre la situación. Este silencio contrasta con la apertura de un canal de asesoría legal por parte del Colegio de Abogados, que habilitó una línea para recibir denuncias por detenciones y lesiones de jóvenes durante la marcha.
En su pronunciamiento, los abogados condenaron “toda forma de represión contra jóvenes que ejercen su derecho a manifestarse. La ley debe proteger, no intimidar”.
La retórica oficial vs la realidad
Claudia Sheinbaum, por su parte, ha marcado distancia con la protesta. En varias declaraciones afirmó que “decir que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes”. Además, acusó que el movimiento estaba orquestado por partidos de oposición y que muchas de las cuentas que convocaron eran bots o manipuladas desde el extranjero.
Al mismo tiempo, pidió investigar posibles abusos policiales y sancionar a quienes los cometieron. Aunque esto suena conciliador, el contraste entre su discurso y el destino de los jóvenes detenidos no deja de generar críticas: si bien condena la violencia de la marcha, su gobierno es ahora responsable de que esos mismos jóvenes sean encarcelados.
Un despertar con consecuencias graves
Lo que algunos ven como un despertar político y social de la juventud mexicana hoy ya acarrea consecuencias muy tangibles: jóvenes que podrían llegar a ser tratados como presos políticos. La represión —si es que la calificamos así— apunta a algo más profundo que el mantenimiento del orden: al control de una voz generacional que exige rendición de cuentas, seguridad y justicia.
Que algunos de estos jóvenes terminen en reclusorios y no en una mesa de diálogo no es solo una contradicción política, sino un síntoma preocupante: si alzar la voz significa caer tras las rejas, la protesta deja de ser una opción viable para quienes quieren cambios reales.
La convocatoria para una próxima marcha, fijada para el 20 de noviembre, no solo reúne a los jóvenes sino también a sus familiares, un claro signo de que esto se ha convertido en una lucha más amplia. Su resistencia podría definirse no solo por su número, sino por el precio que están dispuestos a pagar.
🆘 El narco gobierno de Morena valiente contra jóvenes y niños y cobardes contra el crimen organizado.
— Carlos Torres (@CarlosTorresF_) November 18, 2025
Esos jóvenes protestaban por un querer un mejor país y más seguro, pero la orden de @ClaraBrugadaM y de @Claudiashein es meterlos a la cárcel como si fueran presos políticos. pic.twitter.com/prXcdgZh2F
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