Por Francisco Aceves — Ciudad de México.
La iniciativa para adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027, impulsada por el gobierno federal y respaldada por Morena, se presenta oficialmente como un ejercicio de democracia participativa. Sin embargo, detrás del discurso de empoderar al pueblo se esconde una maniobra política que busca blindar al oficialismo y desactivar a la oposición en la antesala de las elecciones intermedias.
El Partido Acción Nacional (PAN), consciente del sesgo institucional que acompaña a estos ejercicios, puso sobre la mesa dos condiciones que, más que exigencias, son denuncias veladas: incluir a los gobernadores —varios de ellos señalados por vínculos con el crimen organizado— y modificar el mecanismo de sustitución presidencial, que hoy deja el relevo en manos del Congreso dominado por Morena.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con la precisión calculada de quien evita el conflicto, pero no cede poder: “Depende de los gobernadores y de las constituciones de cada estado.” Con esas palabras, se lavó las manos ante el “reto” del PAN, trasladando la decisión a los estados, aunque el mensaje fue claro: el gobierno federal solo jugará en el tablero presidencial, donde mantiene el control absoluto.
La jugada no es menor. Con la mayoría asegurada en el Congreso, Morena no necesita del PAN ni de su voto. Pero la exigencia panista desnuda un temor latente: que la revocación, lejos de ser un ejercicio democrático, se convierta en un plebiscito de legitimidad para reforzar la figura presidencial y medir la fuerza de la maquinaria morenista rumbo al cierre del sexenio.
El discurso opositor, encabezado por Jorge Romero y Ricardo Anaya, apunta a un punto ciego del proyecto: ¿quién asumiría la presidencia si la ciudadanía decide retirar el mandato a Sheinbaum? La respuesta constitucional —que el Congreso designe al sustituto— suena democrática en el papel, pero en la práctica equivaldría a un pase automático del poder dentro del mismo grupo político. El fantasma de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, planea sobre esa posibilidad y se ha convertido en el símbolo de una sucesión dinástica que el PAN busca denunciar antes de que tome forma.
Mientras tanto, Sheinbaum insiste en que la consulta será un acto “del pueblo para el pueblo”. Pero cada paso revela un ejercicio diseñado más para medir la lealtad territorial de los gobernadores y consolidar el poder presidencial que para permitir una verdadera fiscalización ciudadana.
El adelanto de la revocación no parece una respuesta a la exigencia democrática, sino una estrategia para mantener vivo el discurso del “pueblo vigilante” y prolongar la influencia del obradorismo. En el fondo, el PAN y Morena no discuten sobre democracia: disputan el relato sobre quién representa al pueblo.
Conclusión:
Si la revocación de mandato a 2027 se aprueba bajo los términos actuales, México no estará ante un ejercicio de rendición de cuentas, sino ante una coreografía política cuidadosamente calculada. Una consulta hecha a la medida del poder, donde el veredicto popular servirá menos para evaluar al gobierno que para confirmar su hegemonía.
¿Democracia participativa o teatro electoral? En los hechos, parece que el escenario ya está montado y los actores principales ensayan sus aplausos.
Las Breves Informativas
