Por Francisco Aceves
En un movimiento que ha encendido las alarmas entre especialistas electorales y opositores, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió con entusiasmo la propuesta de realizar la consulta de revocación de mandato presidencial el mismo día de las elecciones intermedias de 2027, argumentando que así se “ahorrarán recursos públicos”.
Desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que esta coincidencia electoral es una “buena propuesta” y que el simple hecho de evitar un gasto adicional “ya es razón suficiente” para que el Congreso —dominando por Morena— apruebe la iniciativa impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de sus aliados más cercanos.
“Es una buena propuesta… porque se hace al mismo tiempo que la otra elección y no se tienen que destinar recursos al siguiente año”, declaró Sheinbaum en su conferencia mañanera.
Sin embargo, detrás del argumento de austeridad, la propuesta abre una puerta peligrosa: permitir que la presidenta influya directamente en el electorado en pleno proceso electoral, cuando estarán en juego la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y parte del Poder Judicial.
Así lo advirtió el Laboratorio Electoral, organización encabezada por Arturo Espinosa Silis, que subrayó el riesgo de que el Ejecutivo utilice la revocación de mandato como una herramienta para mover emociones y reforzar el voto a favor de Morena, bajo la narrativa de “ratificar” a la presidenta.
Aunque la ley prohíbe a cualquier funcionario participar en campañas ajenas, adelantar la revocación al 2027 colocaría a Sheinbaum en el centro del debate político justo cuando se definan los equilibrios de poder en el país.
Sheinbaum insistió en que la figura de la revocación de mandato es un legado de Andrés Manuel López Obrador, su mentor político, y que únicamente se discute el calendario, no la existencia del mecanismo.
“Esa fue una propuesta de López Obrador… para que los gobiernos no sean una carga para el pueblo”, reiteró.
No obstante, la presidenta dejó abierta la posibilidad de que la mayoría morenista apruebe la reforma hasta 2026, en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Un cálculo político medido que permitiría a su partido mantener el control del Congreso y ajustar los tiempos electorales a su conveniencia.
Con esta maniobra, Sheinbaum consolida la continuidad del lopezobradorismo y lanza un mensaje claro: su administración no sólo busca preservar la narrativa de “democracia participativa”, sino también blindar su poder rumbo a la segunda mitad del sexenio.
Lo que para el gobierno es “eficiencia presupuestal”, para muchos analistas es una jugada estratégica de alto riesgo democrático. Una reforma que podría convertir la revocación de mandato —pensada como un instrumento ciudadano de rendición de cuentas— en una poderosa herramienta electoral al servicio del partido en el poder.
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