En política internacional hay frases que, más allá de la coyuntura, dibujan una postura de Estado. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México ha rechazado y seguirá rechazando la entrada del Ejército de Estados Unidos para combatir a los cárteles, no solo estaba respondiendo a Donald Trump; estaba marcando una línea histórica: la soberanía no se negocia.
La declaración llega en un momento particularmente delicado. Desde Washington, Trump ha insistido públicamente en que Estados Unidos debería bombardear o enviar tropas a territorio mexicano para combatir a los cárteles. La narrativa es simple —y políticamente rentable en su país—: el problema está en México y la solución debe venir de Estados Unidos.
Pero la realidad, como casi siempre en los temas de seguridad, es mucho más compleja.
Sheinbaum tiene razón en un punto clave: la cooperación bilateral no implica subordinación. México colabora con Estados Unidos en inteligencia, intercambio de información y coordinación en seguridad. Esa relación existe desde hace décadas y ha sido fundamental para capturas, decomisos y operaciones contra el crimen organizado.
Lo que México rechaza —y con razón— es que tropas extranjeras operen en su territorio. La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde la “ayuda militar” terminó convirtiéndose en intervención política, presión diplomática o pérdida de control sobre decisiones internas.
Sin embargo, defender la soberanía también obliga a asumir responsabilidades. Decir “no” a tropas estadounidenses es la parte sencilla del discurso; lo difícil es demostrar que el Estado mexicano tiene la capacidad de enfrentar por sí mismo a organizaciones criminales que durante décadas han crecido, diversificado sus negocios y penetrado estructuras institucionales.
La reciente caída de El Mencho, líder del CJNG, muestra que el gobierno puede golpear estructuras criminales de alto nivel. Pero también evidencia algo incómodo: cada vez que cae un capo, el mapa del narcotráfico se reconfigura y la violencia se redistribuye.
En ese contexto, el reclamo mexicano hacia Washington tampoco es menor. Si el 75% de las armas utilizadas por el crimen organizado proviene de Estados Unidos, como han señalado autoridades mexicanas, el combate al narcotráfico no puede limitarse a exigir acciones al sur de la frontera. También implica controlar el flujo de armamento y enfrentar el enorme mercado de consumo de drogas en territorio estadounidense.
Ahí está el verdadero dilema bilateral: México exige frenar armas y reducir el consumo; Estados Unidos exige resultados contra los cárteles. Ambos tienen parte de razón, pero ninguno puede resolver el problema en solitario.
El riesgo es que el tema se convierta en una bandera política. Para Trump, hablar de bombardear cárteles funciona bien ante su electorado. Para el gobierno mexicano, defender la soberanía también genera respaldo interno.
Pero entre discursos, declaraciones y gestos diplomáticos, la realidad sigue siendo la misma: el narcotráfico es un fenómeno binacional que no reconoce fronteras, y mientras ambos países discuten quién tiene la culpa, los cárteles siguen operando en los dos lados del río Bravo.
¿’México debería permitir tropas extranjeras? —la respuesta es claramente no—. La pregunta real es si ambos gobiernos serán capaces de construir una estrategia conjunta que vaya más allá de los discursos políticos.
Porque en seguridad, como en diplomacia, el nacionalismo puede ganar aplausos… pero no necesariamente batallas.
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