La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió volver a poner sobre la mesa un tema que incomoda a algunos sectores, pero que sigue siendo una herida abierta para millones de mexicanos: la deuda histórica con los pueblos originarios. Desde Guanajuato , no solo retomó la exigencia de un perdón formal de España por los abusos cometidos durante la Conquista, sino que acompañó ese mensaje simbólico con acciones concretas al presentar un Plan de Justicia para comunidades indígenas de Guanajuato y Querétaro.
El mensaje fue claro: no se trata de señalar culpables en el presente, sino de reconocer hechos históricos y sus consecuencias que siguen impactando a las comunidades indígenas más de cinco siglos después. Sheinbaum retomó así una bandera impulsada por Andrés Manuel López Obrador, quien durante su sexenio envió una carta a la Corona española buscando abrir un proceso de reconciliación histórica que nunca encontró respuesta oficial.
Más allá del debate diplomático, la presidenta buscó darle sustancia a su discurso con políticas públicas. En la comunidad de Nuevo Cruz del Palmar, en San Miguel de Allende, anunció el Plan de Justicia para los pueblos Chichimeca y Otomí, una estrategia que apunta a saldar deudas históricas mediante el reconocimiento de tierras, la protección de sitios sagrados, el fortalecimiento de las culturas originarias y la mejora de las condiciones de vida en las comunidades.
Uno de los momentos más significativos del acto fue la entrega del título del ejido Nuevo Cruz del Palmar, que pone fin a un conflicto agrario de más de 80 años. No es un gesto menor: simboliza cómo la justicia histórica puede traducirse en seguridad jurídica, paz social y dignidad para comunidades que durante décadas vivieron en la incertidumbre.
El plan anunciado contempla beneficios para más de 100 comunidades indígenas en Guanajuato y Querétaro, con inversiones millonarias en infraestructura, salud, educación, acceso al agua y proyectos productivos. En el fondo, se trata de una apuesta por el desarrollo con identidad, que reconoce que no puede haber progreso real sin respeto a los derechos colectivos.
Este posicionamiento de Sheinbaum también confirma la continuidad de un proyecto político que, desde la reforma constitucional de 2024, reconoce por primera vez a los pueblos indígenas y afrodescendientes como sujetos plenos de derechos. La presidenta parece apostar a que la memoria histórica no sea solo un acto simbólico, sino el punto de partida para construir justicia, reconciliación y un nuevo pacto con las comunidades originarias.
El debate sobre el perdón de España seguirá generando polémica. Sin embargo, el verdadero fondo del mensaje presidencial está en casa: reconocer que México aún tiene cuentas pendientes con quienes fueron los primeros habitantes de este territorio y que la justicia histórica no se decreta, se construye con hechos.
