Ciudad de México, 08/12/25 (Más).-
La pregunta que cimbró el Salón Tesorería fue simple, directa y absolutamente necesaria: ¿por qué la Fiscalía General de la República (FGR) decidió reclasificar como delincuencia organizada —y no como terrorismo— el ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán? La presidenta Claudia Sheinbaum no esquivó el cuestionamiento; más bien, lo devolvió con una claridad que, hay que decirlo, contrasta con el silencio y la opacidad de la propia FGR.
Porque aquí el tema va más allá de tecnicismos penales o de diferencias interpretativas del Código Penal: se trata de un hecho que, por su forma y su impacto, encendió alarmas nacionales. No todos los días se utiliza un coche cargado de explosivos para atacar instalaciones policiales. Y, sin embargo, la fiscalía decidió ajustar el tipo penal después de haber anunciado públicamente que investigaría por terrorismo.
La mandataria lo dejó claro: es responsabilidad de la Fiscalía explicar ese viraje. Y es indispensable que lo haga, porque en México la clasificación de un delito define no solo el rumbo de la investigación, sino también la narrativa política y social con la que se interpreta un atentado. A estas alturas, nadie ignora que llamar terrorismo a un acto tiene implicaciones profundas; pero evitar llamarlo así también las tiene.
Sheinbaum insistió en que se necesita saber exactamente qué ocurrió, cómo se detonó el explosivo, quién estuvo detrás y por qué. Todo, subrayó, debe surgir de una investigación sólida, transparente y con peritajes incuestionables. La revisión de cámaras, los análisis en campo y los reportes de Sedena y autoridades estatales avanzan, pero la pregunta central sigue sin respuesta: ¿qué motivó a la FGR a cambiar la ruta jurídica del caso?
Mientras tanto, en Michoacán las piezas comienzan a acomodarse. La Fiscalía estatal reveló que la camioneta Dakota negra usada en el ataque ingresó desde Colima y fue captada cruzando el puente Coahuayana minutos antes de la explosión. Un dato que no es menor, pues apunta hacia una posible operación coordinada desde fuera del municipio.
Los peritajes preliminares hablan de una explosión potente, capaz de causar daños en un radio de 300 metros horizontales y casi 60 verticales. Siete personas resultaron heridas —una permanece hospitalizada en Morelia— y al menos 12 vehículos fueron afectados. El nivel del ataque confirma que no se trató de un hecho improvisado.
Hoy, el debate nacional vuelve a colocarse sobre un territorio espinoso: ¿cómo debe clasificarse la violencia extrema cuando involucra explosivos? ¿Bajo qué criterios decide la FGR? ¿Y qué implicaciones tiene para las víctimas, para las investigaciones y para el país?
En un momento donde los matices legales terminan moldeando la percepción pública de la violencia, cada decisión pesa. Este caso no solo pone a prueba la capacidad técnica de la FGR, sino su credibilidad.
Mañana, dijo la presidenta, podría haber más información. Veremos si también hay más claridad. Porque lo que la ciudadanía necesita —y merece— es justamente eso: claridad. Y explicaciones que no lleguen a cuentagotas
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