Por momentos, el caso del periodista Rafael León Segovia parece más una advertencia que un proceso judicial. Una señal clara —y alarmante— de hasta dónde pueden llegar las autoridades cuando el periodismo incomoda, exhibe o simplemente narra lo que el poder preferiría mantener en silencio.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz dio marcha atrás en uno de los cargos más graves y desproporcionados que se le pueden imputar a una persona: terrorismo. El solo hecho de que esta figura haya sido utilizada contra un periodista debería encender todas las alertas democráticas, independientemente de que el juez haya decidido no vincularlo a proceso por ese delito. El daño ya estaba hecho.
Acusar de terrorismo a un comunicador no es un “error técnico” ni una simple falla jurídica; es un mensaje político. Es la criminalización extrema de la labor informativa. Es colocar al periodismo en el mismo plano que la violencia organizada, sin pruebas claras, sin una narrativa pública sólida y amparándose en interpretaciones laxas del Código Penal.
La detención de Rafael León Segovia, ocurrida el 24 de diciembre —fecha simbólica, sensible y estratégicamente incómoda— y ejecutada con la participación de fuerzas estatales y federales, no puede leerse de forma aislada. En un estado como Veracruz, con un historial oscuro en materia de agresiones a periodistas, el contexto pesa tanto como los hechos.
Que el juez haya descartado el delito de terrorismo confirma lo que desde un inicio señalaron organizaciones civiles, colegas y observadores: la acusación no se sostenía jurídicamente. Sin embargo, la Fiscalía insiste en mantenerlo vinculado a proceso por encubrimiento por favorecimiento y ataques a las instituciones de seguridad pública, delitos igualmente ambiguos cuando se aplican al ejercicio periodístico.
Aquí surge la pregunta incómoda: ¿desde cuándo documentar, difundir o poseer material audiovisual es sinónimo de beneficiar al crimen? Si ese es el criterio, cualquier periodista que cubra violencia, inseguridad o crimen organizado queda automáticamente en riesgo de ser procesado penalmente. No es justicia, es intimidación.
La postura de la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara y necesaria. Al cuestionar públicamente la imputación por terrorismo, puso sobre la mesa un principio básico: el Estado debe diferenciar con absoluta precisión entre un delito real y el ejercicio de la libertad de expresión. No hacerlo equivale a abrir la puerta al abuso institucional.
Más contundente aún ha sido la reacción de organizaciones como Artículo 19, que advierten sobre el efecto inhibidor de este tipo de casos. Cuando un periodista es detenido, exhibido y sometido a prisión domiciliaria por su trabajo, el mensaje no va dirigido solo a él, sino a todos: “cuidado con lo que publicas”.
La prisión domiciliaria por un año, aunque presentada por la Fiscalía como una medida “garantista”, sigue siendo una restricción severa de la libertad y una carga psicológica, profesional y personal. No es menor. Tampoco es neutral.
Rafael León sostiene que se trata de una persecución política. Y aunque será el proceso judicial el que determine responsabilidades, el contexto, las formas y la desproporción inicial de los cargos dan elementos suficientes para cuestionar seriamente la actuación de la Fiscalía de Veracruz.
En una democracia, el periodismo no se persigue, se protege. Cuando el Estado confunde informar con delinquir, no solo falla la justicia: se debilita la libertad, se erosiona la confianza institucional y se normaliza el uso del poder penal como herramienta de silenciamiento.
Hoy fue Rafael León Segovia. Mañana puede ser cualquiera que se atreva a contar lo que ocurre donde el poder preferiría que no hubiera testigos.
Las Breves Informativas
