En Veracruz, ser periodista sigue siendo una sentencia de muerte y el gobierno estatal actúa como si se tratara de una estadística incómoda, no de una tragedia estructural. El asesinato de Carlos Castro, reportero especializado en información de seguridad, no es un hecho aislado ni fortuito: es la consecuencia directa de un Estado que ha normalizado la violencia y la impunidad.
Carlos Castro fue ejecutado a balazos mientras cenaba en el restaurante de su familia, en Poza Rica. No estaba en una cobertura de riesgo ni en una zona de enfrentamiento: estaba comiendo. A plena hora pico, hombres armados irrumpieron en el lugar y lo asesinaron con la precisión de quien sabe que no será perseguido con eficacia. Así se mata en Veracruz: con la certeza de que no habrá consecuencias.
El comunicador, director del portal Código Norte y colaborador de Enfoque, había dedicado su trabajo a documentar la violencia que las autoridades estatales insisten en minimizar desde conferencias y boletines. Hoy, esa violencia lo alcanzó, mientras el gobierno vuelve a reaccionar con el mismo libreto gastado: “condena”, “operativo”, “investigación en curso”.
El despliegue de fuerzas federales —Marina, Guardia Nacional, Policía Ministerial— llegó tarde, como siempre. Mucho ruido, muchas patrullas, ningún detenido. Veracruz se ha convertido en un escenario donde los operativos sirven más para la foto que para la justicia. La vida de un periodista vale menos que el comunicado que anuncia su muerte.
Resulta insultante que, tras años de asesinatos de comunicadores, el gobierno estatal siga hablando de hechos aislados. La realidad es otra: Veracruz es uno de los territorios más letales para ejercer el periodismo en México y esa condición no se construyó sola. Es producto de la omisión, de la falta de prevención, de la incapacidad —o la indiferencia— para garantizar la libertad de expresión.
Carlos Castro fue asesinado en un lugar que incluso era punto de reunión habitual de periodistas. El mensaje es claro: nadie está a salvo. Y el silencio oficial, envuelto en promesas de justicia que rara vez llegan, confirma que el problema no es sólo el crimen organizado, sino un gobierno rebasado que ya ni siquiera finge control.
Mientras no haya responsables detenidos, sentencias firmes y políticas reales de protección, cada palabra de condolencia del gobierno de Veracruz será hueca. Porque en este estado no sólo matan periodistas: también se asesina la verdad, y se hace con la complicidad de la impunidad.
Las Breves Informativas
