En México, emprender se ha convertido en una actividad de alto riesgo. No por la volatilidad de los mercados o la incertidumbre económica global, sino por una amenaza mucho más inmediata: la violencia criminal que opera con una impunidad cada vez más normalizada.
En apenas seis meses, al menos nueve empresarios han sido secuestrados o asesinados. Nueve historias que no sólo comparten un desenlace trágico, sino también un patrón inquietante: la ausencia de protección efectiva por parte del Estado. La lista crece mientras el discurso oficial insiste en estrategias que, en los hechos, no están conteniendo la escalada delictiva.
El caso más reciente, ocurrido en Mazatlán, donde el empresario frutero Rafael Tirado Lizárraga fue privado de la libertad y posteriormente hallado sin vida, es apenas un eslabón más de una cadena que se remonta a octubre de 2025. Desde entonces, nombres como Bernardo Bravo Manríquez en Michoacán o Javier Vargas Arias en Veracruz se han sumado a un registro que parece avanzar sin freno.
Lo alarmante no es solo la frecuencia, sino la diversidad geográfica y sectorial de las víctimas. Empresarios agrícolas, tequileros, restauranteros, industriales: nadie parece estar fuera del radar del crimen organizado. En Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Colima o Sinaloa, los casos se repiten con variaciones mínimas: secuestro, extorsión, asesinato.
La narrativa es clara y devastadora. Quien denuncia, muere. Quien paga, tampoco garantiza su seguridad. Y quien produce, inevitablemente se convierte en objetivo.
Ante este panorama, los organismos empresariales han alzado la voz. No es para menos. Cuando casi la mitad de las empresas en el país reportan haber sido víctimas de algún delito —con la extorsión como protagonista—, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural. La inseguridad ya no es un obstáculo colateral: es un factor determinante que frena inversiones, limita operaciones y erosiona la confianza.
Pero más allá de los pronunciamientos, la realidad es que las exigencias siguen chocando contra una respuesta institucional que no logra traducirse en resultados tangibles. La estrategia de seguridad, fragmentada y reactiva, parece ir siempre un paso atrás de las dinámicas criminales.
La pregunta ya no es si el Estado puede garantizar condiciones seguras para el desarrollo económico. La pregunta es cuánto tiempo más puede sostenerse un modelo donde producir riqueza implica jugarse la vida.
Porque cuando los empresarios —generadores de empleo y motor económico— se convierten en víctimas sistemáticas, el mensaje es contundente: en México, el riesgo no está en invertir, sino en sobrevivir.
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