En política, los números importan. Pero la forma en que se presentan puede importar aún más. En Querétaro, la discusión sobre el presupuesto 2026 del Poder Legislativo ha abierto una conversación incómoda: ¿cuánto cuesta realmente mantener la democracia representativa en el estado?
El dato que circula en redes sociales es contundente: cada diputado local “cuesta” más de 17 millones de pesos al año, lo que equivale a más de 47 mil pesos diarios por legislador. La cifra surge de dividir el presupuesto total del Poder Legislativo estatal —más de 433 millones de pesos para 2026— entre los 25 diputados que integran el Congreso.
A simple vista, el número parece escandaloso. En un estado donde muchas familias enfrentan aumentos en renta, transporte y alimentos, la comparación inevitablemente genera indignación. Sin embargo, el dato también requiere contexto.
Ese monto no representa el salario personal de cada legislador. En realidad, corresponde al costo promedio de toda la estructura legislativa por diputado: asesores, personal administrativo, áreas técnicas, servicios, mantenimiento del edificio legislativo, comunicación institucional y operación parlamentaria. Es decir, es el costo de mantener funcionando al Poder Legislativo, no el ingreso directo de cada representante.
La diferencia entre ambas interpretaciones es importante. Pero también revela algo más profundo: el problema no es únicamente el monto, sino la percepción pública de lo que se obtiene a cambio.
Porque ahí está el verdadero debate.
Cuando la ciudadanía escucha que un diputado representa una estructura que cuesta millones de pesos al año, inevitablemente se pregunta qué resultados produce esa inversión pública. ¿Más leyes útiles? ¿Mayor fiscalización del gobierno? ¿Debates que mejoren la vida cotidiana de los ciudadanos?
O, por el contrario, ¿un Congreso atrapado en disputas partidistas, posicionamientos políticos y confrontaciones que alimentan la polarización?
En los últimos años, Querétaro ha vivido un clima político cada vez más marcado por la división. Las diferencias entre fuerzas políticas —y entre niveles de gobierno— han trasladado el debate público de la discusión de políticas públicas hacia el terreno de la confrontación narrativa. En ese contexto, los números del presupuesto legislativo se convierten fácilmente en munición política.
Para algunos actores, la cifra de 17 millones por diputado sirve como símbolo de un gobierno distante de las preocupaciones ciudadanas. Para otros, es simplemente el costo inevitable de sostener un sistema democrático que requiere instituciones, personal especializado y procesos legislativos complejos.
Ambas visiones contienen algo de verdad.
La democracia cuesta dinero. Pero también cuesta legitimidad cuando la ciudadanía percibe que las instituciones no generan resultados visibles.
El reto del Congreso de Querétaro no es únicamente administrar su presupuesto con eficiencia. Es algo más difícil: demostrar que el valor de su trabajo justifica el costo que representa para los ciudadanos.
Porque en tiempos de polarización política, los números pueden dividir. Pero la confianza pública, cuando se pierde, es mucho más difícil de recuperar.
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