Ya no es raro escuchar en los pasillos del municipio sanjuanense que las huelgas están a pedir de boca. Lo que antes eran rumores hoy se convierte en presión abierta: esta semana trascendió la intención de ir a huelga por parte del DIF municipal, así como de trabajadores del propio Ayuntamiento, luego de no alcanzar acuerdos con la actual administración encabezada por Roberto Cabrera Valencia.
El conflicto no es nuevo, pero sí cada vez más profundo. Más de un par de millares de trabajadores se encuentran atrapados en un fuego cruzado entre liderazgos sindicales y una administración que parece haber perdido margen de maniobra. En medio quedan los empleados, los servicios públicos y, por supuesto, la ciudadanía.
Si bien los derechos laborales son intocables —y así debe ser—, también es cierto que algunas prestaciones parecen estar muy por encima de lo que marca la ley. El caso que hoy tiene de cabeza a la administración sanjuanense es el del seguro médico. No solo por su alto costo, sino por los supuestos ingresos (“revenue”) que estaría recibiendo el sindicato a partir de los servicios ofertados al municipio por un hospital ubicado en pleno centro de la ciudad. Un tema delicado que, de confirmarse, abriría más preguntas que respuestas.
A este escenario se suma otro factor que no pasa desapercibido: los constantes cambios en el gabinete municipal. Las salidas, enroques y ajustes no solo generan incertidumbre interna, sino que exhiben una fractura en las filas de la administración de Roberto Cabrera. Una fractura que ocurre en el peor momento posible, cuando la situación financiera es precaria y la gobernabilidad comienza a mostrar fisuras.
El trasfondo es claramente político. La administración busca llegar mejor parada ante la población, con la mirada puesta en la elección de San Juan del Río en 2027. Sin embargo, los conflictos laborales, la percepción de desorden interno y la falta de acuerdos sólidos con los trabajadores podrían terminar cobrando una factura más alta de lo previsto.
Porque al final, más allá de sindicatos, prestaciones o estrategias electorales, el verdadero costo de esta tensión lo paga la ciudadanía. Y en política local, el desgaste no avisa: simplemente se acumula… hasta que estalla.
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