Mientras el Instituto Electoral del Estado de Querétaro presume neutralidad y vigilancia del proceso democrático, en la práctica guarda un silencio preocupante —y políticamente conveniente— frente a una evidente estrategia de propaganda anticipada en redes sociales.
En las últimas semanas, una serie de anuncios pautados desde múltiples cuentas de Facebook ha inundado el estado de Querétaro. Al menos seis campañas digitales, con un costo estimado de 300 mil pesos, han sido destinadas exclusivamente al posicionamiento político de Felifer Macías, servidor público en activo. No se trata de información institucional ni de rendición de cuentas: es promoción personalizada, diseñada para fijar nombre, rostro y narrativa.
La pauta no aparece de manera aislada. Está acompañada por acciones y apariciones estratégicas conjuntas con Marco del Prete y Edgar Insunza, lo que refuerza la percepción de una operación política estructurada, no espontánea.
En paralelo, la promoción del presidente municipal de Querétaro resulta todavía más evidente, con múltiples variaciones de anuncios, mensajes diferenciados e incluso imágenes compartidas con Santiago Nieto, en una clara referencia a su posicionamiento político futuro.
A esto se suma un elemento aún más delicado: El comparativo con figuras de Morena en anuncios difundidos desde cuentas que se presentan como supuestos medios informativos. Todas ellas comparten un patrón común: nombres que simulan portales de noticias, ausencia de transparencia editorial y el uso del descargo de responsabilidades que exige Facebook para la publicidad política.
La simulación es burda. Estos “medios” no informan: pautan propaganda. Y lo hacen desde estructuras que, de solicitarse información a la plataforma, permitirían identificar plenamente a sus administradores y financiadores, desmontando cualquier intento de disfrazar publicidad política como contenido periodístico.
Lo más grave es que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro no ha emitido ningún posicionamiento claro, a pesar de que la ley electoral prohíbe el posicionamiento anticipado de servidores públicos y el uso de recursos —directos o indirectos— para fines proselitistas fuera de los tiempos legales.
La inacción del IEEQ ya no puede interpretarse como descuido: parece tolerancia. Cada día que pasa sin investigación, sin medidas cautelares y sin pronunciamientos públicos, el árbitro electoral pierde credibilidad y refuerza la idea de que en Querétaro la ley se aplica solo cuando conviene.
La pregunta ya no es si existe propaganda política encubierta.
La verdadera pregunta es por qué el Instituto Electoral de Querétaro ha decidido no verla.
Porque en democracia, el silencio de la autoridad no es neutralidad: es complicidad.















