En días recientes, el gobernador de Querétaro ha señalado que la extorsión telefónica, el acoso y el ciberbullying son los principales problemas de seguridad en el estado. No se trata de negar la existencia de estos delitos, sino de cuestionar seriamente si esa es toda la realidad o solo la parte más cómoda de reconocer.
Quienes recorren el estado, hablan con transportistas, empresarios, productores y ciudadanos comunes, saben que la problemática de Querétaro va mucho más allá. Reducir la discusión de la inseguridad a delitos que, aunque molestos, no siempre son visibles en el territorio, es ignorar deliberadamente otros fenómenos que golpean de forma directa a comunidades enteras.
Uno de ellos es el huachicol, tanto de combustible como de agua. Es cierto: su persecución corresponde al ámbito federal. Pero también lo es que la manifestación del problema ocurre en los estados, y sus consecuencias —violencia asociada, control territorial y venta minorista ilegal— afectan directamente la seguridad local. En municipios como San Juan del Río, Pedro Escobedo y Colón, este fenómeno no es una abstracción estadística, sino una realidad cotidiana.
En estos casos, la coordinación entre autoridades federales y estatales no es opcional, es indispensable. Escudarse en competencias administrativas para evadir responsabilidades políticas solo termina por normalizar la violencia y la impunidad.
A esto se suma el asalto al transporte de carga, un delito que no solo pone en riesgo a operadores y empresas, sino que amenaza la vocación logística e industrial de Querétaro. Resulta preocupante que este tema permanezca ausente del discurso oficial, cuando su impacto económico es evidente.
El huachicol del agua abre un frente aún más delicado. La extracción ilegal, las concesiones irregulares y la opacidad en su manejo ponen bajo sospecha la actuación de exgobernadores y presidentes municipales, tanto en funciones como del pasado. En un estado donde el agua ya es un tema crítico, mirar hacia otro lado no es una opción responsable.
Tampoco puede ignorarse el llamado cartel inmobiliario, una red de intereses que ha marcado el crecimiento urbano desordenado, la presión sobre servicios básicos y la pérdida de confianza ciudadana. Minimizarlo no lo hace desaparecer; solo lo fortalece.
En el plano político, la escasa relación del gobierno estatal con algunos municipios, como Cadereyta de Montes, evidencia una falta de voluntad para construir acuerdos. La función del gobernador no es seleccionar aliados, sino tender puentes, incluso cuando el costo político resulte incómodo.
Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en describir un estado cercano a la normalidad. Pero la ciudadanía no es ajena a lo que ocurre, por más boletines que se publiquen o discursos que se repitan. Querétaro enfrenta problemas sociales serios en materia de seguridad, agua y corrupción estructural.
En un escenario donde las campañas electorales comienzan a adelantarse, resulta inevitable preguntarse si la minimización de estos temas responde más a una estrategia de distracción que a una lectura honesta de la realidad.
La buena intención, por sí sola, no resuelve nada. Exponer preocupaciones sin decisiones firmes no cambia el rumbo de un estado. Querétaro ya ha pasado por etapas similares y, lamentablemente, parece que se ha aprendido poco del pasado inmediato.
Soñar en grande está bien, pero hacerlo mientras los problemas estructurales permanecen sin solución solo profundiza la distancia entre el gobierno y la sociedad. Porque en Querétaro, hoy más que nunca, las buenas intenciones sirven de poco cuando la realidad exige respuestas concretas.
Las Breves Informativas
