San Juan del Río, Querétaro, dejó hace tiempo de ser una comunidad intermedia para convertirse en uno de los municipios con mayor crecimiento del país. Las cifras son claras: de alrededor de 300 mil habitantes en 2020, hoy ronda los 350 mil, con proyecciones realistas que lo colocan cerca del medio millón en los próximos años.
El problema no es el crecimiento en sí, sino la forma en que se gobierna un municipio que avanza a ritmo metropolitano con decisiones propias de un entorno rural.
La seguridad es el primer foco rojo. Con una extensión territorial cercana a los 799 kilómetros cuadrados, que incluye una zona urbana cada vez más densa y 18 comunidades rurales, San Juan del Río enfrenta una ecuación preocupante: pocos policías para demasiada población y territorio. A nivel nacional, México cuenta con 1.4 policías municipales por cada mil habitantes. Aplicando ese promedio, el municipio tendría alrededor de 250 elementos para cuidar a toda la población. Distribuidos en turnos de 24 horas, cuatro cuadrantes urbanos y múltiples comunidades rurales, el resultado es evidente: la capacidad de respuesta es limitada y la prevención se vuelve casi imposible.
A esto se suma la presión económica. San Juan del Río mantiene una fuerte dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos y de las remesas enviadas por migrantes. Tan solo en 2025, recibió aproximadamente 42 millones de dólares en el tercer trimestre y 39 millones en el segundo, concentrando alrededor del 13% del total estatal, solo por debajo de la capital. Estos recursos sostienen consumo, comercio y servicios, pero también revelan una fragilidad estructural: el bienestar local sigue atado a factores externos que no controla el municipio.
En el ámbito urbano, el comercio informal crece sin un diagnóstico preciso ni una estrategia clara. Aunque no existen cifras exactas, la información de 2025 confirma que este fenómeno ya impacta la imagen urbana, la movilidad y la gestión de residuos. Lejos de atenderse con políticas integrales, el problema se tolera o se enfrenta de manera reactiva, sin orden ni planeación, como si se tratara de una plaza pequeña y no de una ciudad en expansión.
Paradójicamente, San Juan del Río muestra avances importantes en brecha digital. Comparado con otras regiones del país, cuenta con un ecosistema tecnológico impulsado por gobierno y sector privado. Sin embargo, la equidad en el acceso y uso de la tecnología sigue siendo un pendiente, especialmente en comunidades periféricas. La modernidad digital convive con decisiones administrativas ancladas al pasado.
El ejemplo más claro es la gestión de la movilidad. El cierre recurrente de avenidas, muchas veces justificado bajo argumentos de “usos y costumbres”, resulta incompatible con una ciudad pujante que ya enfrenta serios problemas viales. Estas prácticas pueden funcionar en comunidades pequeñas, pero en un municipio que crece de manera inevitable, solo agravan el caos y afectan la productividad.
El fondo del problema es político y de visión. El gobierno municipal parece no ver —o no querer ver— la dimensión real del San Juan del Río actual. Se administra como si el crecimiento fuera temporal, cuando en realidad es estructural.
Gobernar hoy exige anticiparse: planear seguridad para medio millón de habitantes, diseñar vialidades para una ciudad industrial, ordenar el comercio informal y profesionalizar la gestión urbana.
La inercia del desarrollo no espera. Si las autoridades siguen reaccionando en lugar de proyectar, San Juan del Río corre el riesgo de convertirse en una ciudad grande con problemas pequeños mal atendidos, y problemas grandes que nadie quiso prever.
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