Dr. Tonatiuh Mondragón. Querétaro, Qro. — En medio de la lucha histórica por el reconocimiento pleno de los derechos políticos y sociales de las mujeres, una contradicción institucional pone en entredicho la impartición de justicia electoral en la entidad. El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro opera actualmente con un pleno conformado exclusivamente por tres magistrados hombres, sin representación femenina, en aparente incumplimiento de los principios constitucionales de paridad de género.
Activistas y ciudadanas han señalado como preocupante que el órgano encargado de garantizar el respeto a los derechos político-electorales sea, al mismo tiempo, omiso en su propia integración. La crítica se intensifica al considerar que los magistrados perciben remuneraciones cercanas a los 200 mil pesos mensuales, cifra comparable con la de altos cargos del servicio público federal, lo que incrementa el escrutinio sobre su desempeño institucional.
A nivel nacional, el marco normativo establece con claridad la obligación de garantizar la igualdad sustantiva. Diversas reformas en materia electoral han reforzado el principio de paridad de género en sus dimensiones vertical, horizontal y flexible, señalando que desde las convocatorias debe asegurarse una integración equilibrada. La normativa vigente advierte que no podrá haber más del cincuenta por ciento de hombres en la conformación de órganos jurisdiccionales electorales.
Especialistas advierten que la actual composición del tribunal podría contravenir el principio de progresividad establecido en el artículo 1° de la Constitución, el cual obliga a todas las autoridades a no retroceder en la protección de los derechos humanos, particularmente de grupos históricamente vulnerados como las mujeres.
En este contexto, la ausencia de mujeres en el pleno del TEEQ refleja los obstáculos persistentes en el acceso a espacios de toma de decisiones, fenómeno identificado como “techo de cristal” en el ámbito institucional. A nivel federal, se han impulsado propuestas para fortalecer las facultades de las autoridades electorales y garantizar la integración paritaria en todos los órganos de representación y decisión.
Mientras tanto, en Querétaro persiste el cuestionamiento sobre la legitimidad democrática de un tribunal que, pese a su alto costo para el erario público, no refleja la pluralidad ni cumple plenamente con el mandato constitucional de paridad que está obligado a defender.
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