La regidora del Ayuntamiento de San Juan del Río, Vania Camacho Galván, fijó una postura firme frente a la dirigencia estatal del PRI al denunciar violencia política de género, daño a su imagen y violación a su derecho de audiencia, luego de que la presidenta estatal, Abigail Arredondo Ramos, hiciera públicas presuntas solicitudes de expulsión sin que exista notificación formal ni procedimiento debidamente iniciado.
El pasado 19 de febrero, la dirigente estatal acudió a San Juan del Río para ofrecer una rueda de prensa en la que, por varios minutos, realizó diversos señalamientos sobre la regidora, mencionando la existencia de “dos o tres” inconformidades formales ante la Comisión de Justicia Partidaria y advirtiendo que cuando ese órgano interviene deriva incluso en expulsión.
“Se habló de expulsión ante medios sin que previamente se me notificara formalmente ni se me garantizara el derecho de audiencia. Eso vulnera mis derechos políticos y humanos”, recordó Vania Camacho quien puntualizó que cualquier procedimiento partidario debe iniciar con una notificación formal, ofrecer derecho de defensa y respetar el debido proceso, no construirse primero en el terreno mediático.
En ese sentido, uno de los tres puntos centrales que la regidora desmintió fue haber sido convocada a la rueda de prensa y a actividades del Comité Directivo Estatal en el municipio.
“Contrario a lo que afirma, no fui convocada a la rueda de prensa, ni he sido convocada a anteriores ruedas de prensa, tampoco a actividades del Comité Estatal en San Juan del Río. Si el Comité Estatal acude a este municipio para una actividad política, debería incluirme, porque aquí tengo una representación popular y política”, expresó.
Señaló que al ser excluida mientras se hablaba públicamente de su caso, se configura una clara violencia política de género, ya que fue la única representante priista en el municipio que no fue invitada.
El segundo señalamiento que rechazó fue el relacionado con un supuesto voto a favor de un endeudamiento municipal.
“Es mentira que voté a favor de un endeudamiento. Lo que voté fue la Ley de Ingresos 2026”, puntualizó.
Camacho Galván refirió que la Ley de Ingresos, por mandato del artículo 6 de la Ley de Deuda Pública, debe incluir como fuente de ingreso cualquier financiamiento que el municipio proyecte obtener durante el ejercicio fiscal, señalando monto y concepto.
“Incluirlo no es aprobar deuda. Para contratar un crédito se requiere una petición específica que debe someterse al Ayuntamiento y posteriormente a la Legislatura. Son procesos distintos”, detalló.
Añadió que la inclusión de ese renglón generó debate político y que el Grupo Parlamentario de Morena presentó una reserva para retirarlo. Dicha reserva prosperó; sin embargo, aclaró -contrario a lo dicho por la dirigencia estatal- que no fue porque el PRI en la legislatura local votara en contra, contradiciendo la versión difundida en rueda de prensa. Con ello, sostuvo que se simplificó de manera incorrecta un procedimiento técnico y legislativo para construir una narrativa política en su contra.
En cuanto al señalamiento de la dirigente estatal respecto a la existencia de solicitudes formales de militantes para su expulsión. Camacho Galván consideró “curioso” que ante “dos o tres” inconformidades formales se anunciara de inmediato la intervención de la Comisión de Justicia Partidaria enfatizando la expulsión.
“Es curioso que se hable de expulsión con tanta contundencia por dos o tres inconformidades, cuando he escuchado múltiples señalamientos, comentarios negativos y descalificaciones contra la propia dirigencia estatal y no veo que se active el mismo mecanismo”, expresó.
Incluso aseguró que, en términos estatutarios, no sería susceptible de un procedimiento ante la Comisión de Justicia Partidaria por no cumplir con el requisito indispensable para ello, lo que refuerza —dijo— la percepción de un uso selectivo de los mecanismos internos contra quienes no coinciden con intereses particulares.
La regidora afirmó que lo dicho en la rueda de prensa ya le generó un daño irreparable a su imagen pública, al haber sido objeto de un juicio ante medios sin posibilidad de defensa previa.
Camacho informó que el 23 de febrero contactó formalmente a la presidenta estatal para solicitar que sus declaraciones se formalicen institucionalmente.
“Yo ingresé al Cabildo con la representación del PRI. Si hay una sanción donde se me diga que ya no puedo formar parte de esa representación, tengo que notificarlo al Ayuntamiento. No es un asunto personal, es institucional”, subrayó además que, de concretarse una expulsión, se declararía regidora independiente conforme a la ley y continuaría ejerciendo el cargo con responsabilidad.
Con un posicionamiento firme y sustentado en argumentos legales, la regidora contrapuso así las declaraciones de la dirigencia estatal, defendiendo su actuación y dejando claro que no permitirá que su trayectoria política sea definida por señalamientos públicos sin sustento formal ni respeto al debido proceso.
“No voy a continuar con dimes y diretes y si bien, considero prudente y legítimo aclarar que no estoy de acuerdo con lo dicho en mi contra; también considero que no me corresponde continuar en un círculo de violencia política” refirió Camacho Galván, quien finalmente reiteró que su actuación en Cabildo ha sido responsable y razonada, con votos a favor o en contra según el análisis jurídico y técnico de cada tema.
con información de https://puntofino.news/
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