Pedro Escobedo, Qro.— El reciente ataque con una granada lanzada contra una propiedad del C. Ramsés Martínez, ocurrido en el municipio de Pedro Escobedo, encendió las alertas no solo por la gravedad del hecho —aunque no hubo víctimas—, sino por el contexto de disputas internas y denuncias de irregularidades que rodean a la Unión de Ejidos. El episodio vuelve a exhibir la delgada línea entre los conflictos agrarios no resueltos y la creciente normalización de la violencia como telón de fondo.
Ante el suceso, el Lic. Francisco Perrusquia hizo público un deslinde categórico, rechazando cualquier vínculo entre el atentado y la Unión de Ejidos o los procesos legales que se siguen para la defensa de los derechos de los ejidatarios. El pronunciamiento condena toda forma de barbarie y subraya que la organización no tiene relación alguna con actos fuera de la ley. Sin embargo, el contexto obliga a una lectura más crítica: cuando la violencia irrumpe, los deslindes son necesarios, pero insuficientes frente a la falta de certeza institucional.
El trasfondo del conflicto agrario es conocido. Comisariados ejidales han denunciado presuntas irregularidades y arbitrariedades en una supuesta asamblea para renovar la mesa directiva de la Unión de Ejidos, proceso que no ha sido reconocido por carecer —afirman— de sustento legal. La disputa, lejos de resolverse por los cauces institucionales, se ha prolongado en un ambiente de tensión que hoy se ve agravado por un hecho de alto impacto.
Perrusquia insiste en que cualquier elección debe realizarse exclusivamente por la vía legal, pacífica y conforme a la normatividad agraria vigente. La postura, en el papel, es incuestionable. No obstante, el caso revela una falla estructural: cuando las autoridades agrarias y de seguridad no actúan con oportunidad y claridad, los vacíos se llenan con confrontación, sospechas y riesgos para la paz social.
El señalamiento de que el Registro Agrario Nacional (RAN) no reconoce a Ramsés Martínez como líder legítimo de la Unión de Ejidos añade otro elemento de incertidumbre. La falta de definiciones contundentes por parte de las instancias responsables alimenta un conflicto que, de no atenderse con seriedad, puede escalar más allá del ámbito legal.
Rechazar la violencia es indispensable, pero también lo es exigir resultados. La investigación del atentado no puede quedar en el terreno de los comunicados, y la regularización de los procesos agrarios no debe seguir postergándose. Pedro Escobedo no necesita más deslindes; necesita instituciones que funcionen, decisiones claras y un Estado capaz de garantizar seguridad, legalidad y gobernabilidad.
En un municipio donde los conflictos del campo siguen siendo un asunto sensible, la advertencia es clara: cuando la ley no llega a tiempo, la violencia encuentra espacio. Y ese es un costo que ninguna comunidad debería normalizar.
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