- Gobierno afirma que protege a familias campesinas; oposición advierte riesgos de control y arbitrariedad
La reciente reforma al marco agrario y a la normativa en materia de recursos hídricos ha generado un amplio debate nacional. De acuerdo con sus promotores, los cambios buscan agilizar la transmisión de derechos en herencias, compraventas y funciones, lo que permitirá un proceso más expedito y transparente para las familias campesinas. Con ello, se pretende garantizar la continuidad del patrimonio rural y brindar mayor certeza jurídica a los pequeños productores.
La reforma también establece con claridad el concepto de uso agropecuario familiar, una figura diseñada para proteger la economía de subsistencia y diferenciar explícitamente a los productores de pequeña escala de las grandes agroindustrias. Según sus defensores, este enfoque ofrece herramientas para salvaguardar la vocación comunitaria de la tierra y apoyar a quienes dependen directamente de su parcela para vivir.
No obstante, diversas voces críticas han expresado preocupación por los alcances de la reforma. El diputado Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, advirtió que los cambios podrían abrir espacio a un mayor control gubernamental sin contrapesos institucionales suficientes. Afirmó que la nueva concentración de atribuciones en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin reglas claras ni mecanismos de supervisión, eleva el riesgo de decisiones discrecionales, actos de corrupción, favoritismos y posible uso político de la autoridad.
Colosio Riojas señaló además que la incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes de agua podría desincentivar la inversión en el sector rural, frenar la tecnificación y detener proyectos productivos, afectando directamente la competitividad del campo mexicano. En contraste, quienes respaldan la reforma sostienen que las nuevas disposiciones fortalecerán la protección de las familias campesinas y mejorarán la administración de los recursos en el país.
El debate continúa abierto mientras organizaciones agrícolas, especialistas y legisladores analizan el impacto real que estas modificaciones tendrán en el desarrollo rural y en la seguridad hídrica de México.
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