CIUDAD DE MÉXICO – En un momento de alta tensión diplomática y judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido una postura contundente respecto a los procesos que se siguen en Estados Unidos contra ciudadanos mexicanos. El Fiscal General ha dejado claro que México no actuará por consigna ni por presiones mediáticas, sino bajo el rigor del derecho nacional.
La postura de la FGR: «Pruebas, no solo dichos»
En su declaración oficial, el titular de la FGR subrayó que para que México inicie procesos judiciales o colabore en extradiciones, es indispensable que las autoridades extranjeras compartan evidencias probatorias y no solo testimonios aislados o «dichos».
- Autonomía Procesal: La FGR sostiene que México tiene la capacidad y la obligación de investigar sus propios casos, siempre que existan los elementos de prueba necesarios para sustentar una carpeta de investigación sólida.
- Crítica a la Selectividad: Se ha señalado que, en ocasiones, la justicia extranjera retiene información clave, lo que impide que la fiscalía mexicana actúe con la misma celeridad en territorio nacional.
El contraste con el sistema del «Gran Jurado»
Mientras que en Estados Unidos el Gran Jurado permite avanzar un caso con «causa probable» (un estándar de prueba inicial), la FGR enfatiza que en el sistema de justicia mexicano se requiere una integración técnica mucho más robusta para evitar que los casos se «caigan» ante los jueces de control.
La declaración del Fiscal busca desestimar la narrativa de que la FGR es omisa. Por el contrario, posiciona a la institución como un ente que:
- Exige reciprocidad en el intercambio de información criminal con agencias internacionales.
- Rechaza la injerencia política de actores extranjeros en la agenda judicial de México.
- Prioriza el debido proceso, argumentando que las detenciones o procesos sin pruebas locales sólidas vulneran los derechos constitucionales.
Las acusaciones reflejan un conflicto de metodologías. Mientras la critica es a la FGR por «corrupta » al no actuar, la Fiscalía responde que su «silencio» o aparente inacción es, en realidad, un apego estricto a la legalidad: no se puede juzgar a nadie en México basándose únicamente en lo que se dice en una corte de Nueva York o Texas sin que las pruebas crucen la frontera de manera formal.
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