En el periodismo serio existen principios que no son negociables. Entre ellos destaca uno que marca el rumbo del ejercicio profesional de informar: «el conflicto de interés». No se trata de una formalidad académica ni de una regla burocrática; es un principio ético que protege la credibilidad del comunicador y, sobre todo, el derecho de la ciudadanía a recibir información con imparcialidad.
Quien decide colocarse frente a un micrófono asume una responsabilidad pública. Ya no habla únicamente para sí mismo, sino para una audiencia que deposita confianza en su palabra. Esa confianza es el principal patrimonio de un periodista y el activo más valioso de cualquier medio de comunicación. Una vez perdida, resulta prácticamente imposible recuperarla.
Por esa razón, durante décadas los medios profesionales establecieron reglas claras: un funcionario público, un dirigente partidista o un operador político no debería ejercer simultáneamente una función informativa. La explicación es sencilla: quien forma parte de un gobierno o de una estructura política difícilmente puede informar con absoluta independencia sobre los asuntos en los que participa. El riesgo es evidente: sustituir el periodismo por propaganda o utilizar el espacio informativo para confrontar únicamente a los adversarios políticos.
La credibilidad no se construye con simpatías ideológicas, sino con independencia editorial.
Sin embargo, la revolución digital cambió las reglas del juego. Las redes sociales democratizaron la comunicación y permitieron que cualquier persona pudiera abrir un canal, un podcast, una transmisión en vivo o un espacio de opinión. Así nació la figura del creador de contenido, cuya función es completamente válida y responde a una lógica distinta a la del periodismo.
El creador de contenido comparte experiencias, entretiene, explica temas especializados o construye una comunidad alrededor de una pasión o una profesión. No tiene la obligación de cumplir con los protocolos del trabajo periodístico porque su objetivo principal no es informar el acontecer cotidiano con criterios editoriales, sino generar contenido desde una perspectiva personal.
El problema comienza cuando esas dos actividades se mezclan.
Hoy vemos a regidores, secretarios municipales, operadores políticos, asesores, dirigentes partidistas, aspirantes a cargos de elección popular e incluso servidores públicos que cobran del erario encabezando espacios que aparentan ser informativos. En muchos casos no existe una línea editorial definida, tampoco una separación clara entre información y opinión, y mucho menos un reconocimiento del conflicto de interés que representa hablar de política mientras se participa activamente en ella.
No se trata de negarles su derecho a expresarse. Ese derecho es incuestionable.
Lo cuestionable es presentar propaganda como periodismo.
La misma reflexión aplica para quienes desempeñan una responsabilidad dentro de un partido político y al mismo tiempo se presentan como analistas independientes, o para quienes utilizan un micrófono para atacar sistemáticamente a gobiernos o actores políticos desde una posición que nunca transparentan ante la audiencia.
La honestidad también consiste en decir desde dónde se habla.
Esto no significa que un abogado no pueda producir contenido jurídico, que un médico no pueda hablar de salud, que un arquitecto explique temas urbanos o que un empresario comparta conocimientos sobre su actividad. Todo lo contrario. El contenido especializado cumple una función social importante y ayuda a democratizar el conocimiento.
Tampoco significa que un político no pueda opinar sobre la realidad del país o que un regidor explique las decisiones de un cabildo. La opinión es parte esencial de la vida democrática.
La diferencia es que la opinión no puede disfrazarse de información objetiva.
Esa frontera, aparentemente pequeña, representa la esencia del periodismo.
Porque informar implica verificar, contrastar fuentes, contextualizar los hechos y mantener independencia frente a intereses políticos, económicos o personales. Cuando alguno de esos elementos desaparece, lo que permanece ya no es periodismo: es comunicación con intereses específicos.
Y esa es, precisamente, la crisis del micrófono que vive México.
Nunca había sido tan fácil comunicar y, paradójicamente, nunca había sido tan complicado identificar quién realmente informa. El ciudadano recibe diariamente cientos de videos, transmisiones, cápsulas, podcasts y publicaciones donde se mezclan noticias, opiniones, publicidad, activismo político, propaganda y entretenimiento bajo el mismo formato visual.
La consecuencia es preocupante: las audiencias comienzan a perder la capacidad de distinguir entre un periodista, un comunicador, un creador de contenido, un propagandista y un operador político.
En ese escenario también debe entenderse el debate sobre la Ley de los Derechos de las Audiencias. Más allá de posiciones políticas, el verdadero reto consiste en garantizar que la sociedad tenga herramientas para identificar cuándo consume información periodística y cuándo recibe mensajes elaborados desde intereses particulares.
Porque, como suele decirse, terminan pagando justos por pecadores.
La crisis del micrófono no se resolverá con nuevas leyes ni con mayores restricciones. Se resolverá cuando quienes ejercen la comunicación comprendan que la credibilidad no se compra, no se decreta y tampoco se improvisa.
Se construye todos los días con independencia, honestidad y responsabilidad.
El periodismo seguirá siendo indispensable mientras existan periodistas capaces de incomodar al poder, cualquiera que sea su origen o color. Pero también seguirá siendo indispensable que las audiencias aprendan a distinguir entre quien informa para servir a la sociedad y quien utiliza un micrófono para servir a sus propios intereses.
Esa diferencia, aunque parezca mínima, define el presente y el futuro de la comunicación en México.
Las Breves Informativas
