- Entre intereses políticos, acuerdos partidistas y más de 200 iniciativas pendientes, la pregunta sigue siendo: ¿para quién están legislando nuestros diputados?
En México, hacer una ley parece, en ocasiones, un auténtico viacrucis. Lo que debería ser un proceso legislativo orientado a resolver necesidades sociales termina atravesado por intereses políticos, negociaciones partidistas y decisiones que no siempre parecen responder al beneficio de quienes serán los destinatarios de esas disposiciones.
Querétaro no es ajeno a esta realidad.
En los espacios de conversación del gremio periodístico, particularmente en los grupos y chats donde se comparten inquietudes sobre el ejercicio profesional, circulan comentarios y versiones sobre qué iniciativas interesan, cuáles avanzan y cuáles parecen no encontrar voluntad política para llegar a una discusión formal. Entre esas preocupaciones destaca una pregunta de fondo: ¿por qué propuestas que buscan establecer mecanismos de protección y atender necesidades específicas deben enfrentar obstáculos que van más allá de su viabilidad legislativa?
Las comisiones legislativas tienen precisamente esa función: analizar, discutir, modificar y dictaminar las iniciativas para que puedan continuar su proceso parlamentario. Son parte fundamental del mecanismo institucional que permite dar sustento jurídico a las nuevas leyes. Por ello, cuando una propuesta cumple con los requisitos correspondientes, resulta legítimo preguntarse qué factores explican que su discusión se prolongue o quede detenida.
Y aquí aparece uno de los datos que merece atención: más de 200 iniciativas permanecen pendientes en el Congreso queretano, de acuerdo con las cifras que se han señalado en torno al rezago legislativo. Una cantidad que obliga a mirar más allá de las declaraciones, los posicionamientos y los informes de actividades.
¿Qué están haciendo nuestros legisladores frente a ese rezago? ¿Cuánto tiempo dedican a construir acuerdos para resolver los asuntos que esperan dictaminación? ¿Cuántas de esas propuestas podrían representar beneficios concretos para los municipios, las comunidades y distintos sectores de la sociedad?
La actividad política es inherente a un Congreso. El debate, las diferencias ideológicas y la negociación forman parte de la democracia. Sin embargo, el problema comienza cuando la disputa partidista desplaza la responsabilidad legislativa y convierte los asuntos públicos en piezas de negociación.
La ciudadanía no paga impuestos para sostener disputas interminables ni para financiar una representación que se mida únicamente en discursos, fotografías, posicionamientos o informes de resultados. Los recursos públicos cubren dietas, salarios, prestaciones y toda una estructura institucional cuyo propósito debe traducirse en trabajo legislativo, acuerdos y beneficios tangibles.
Y conforme se acerca el cierre del año, también se aproxima el momento de hacer cuentas: ¿qué resultados pueden presentar nuestros diputados frente a las percepciones económicas que reciben? No se trata solamente de contar iniciativas presentadas, sino de conocer cuántas fueron analizadas, dictaminadas, aprobadas y, sobre todo, qué impacto tienen para la sociedad.
También es necesario observar las trayectorias políticas. Casos como el de Paul Ospital, con una trayectoria de varios años en el PRI y posteriormente su incorporación a Movimiento Ciudadano, abren una discusión legítima sobre la congruencia entre la actividad partidista, las propuestas legislativas y la representación ciudadana. La pregunta no tendría que limitarse a saber en qué partido se presentó una iniciativa, sino cuál ha sido su destino, qué resultados produjo y a quién benefició.
Cambiar de partido es una posibilidad dentro de la vida democrática. Lo que no debería cambiar es la obligación de responder a quienes otorgaron la representación mediante el voto. La congruencia política no se demuestra únicamente con discursos o colores partidistas, sino con resultados verificables.
Porque, al final, la política debería servir a la sociedad y no convertirse en un instrumento para que quienes la ejercen se sirvan de ella.
El Congreso no puede funcionar bajo la lógica de los intereses de coyuntura mientras las necesidades de los ciudadanos esperan turno. Una iniciativa pendiente puede representar una oportunidad perdida para un municipio, una comunidad, un gremio o un sector que necesita atención legislativa.
Por eso, más allá de las diferencias partidistas, hace falta una revisión pública del trabajo legislativo: qué está pendiente, por qué está pendiente, quiénes tienen la responsabilidad de dictaminarlo y qué resultados concretos se han conseguido.
La rendición de cuentas no debe quedarse en los informes anuales. También debe llegar a las urnas, a la memoria colectiva y a la conciencia de cada comunidad.
¿Dónde se cobra la factura de las promesas que no se cumplen y de las iniciativas que nunca avanzan? En una democracia, la ciudadanía tiene mecanismos para exigir explicaciones: la participación pública, la vigilancia del desempeño legislativo y, llegado el momento, el voto.
El 2027 no debe ser solamente otra fecha en el calendario electoral. Debe ser una oportunidad para revisar trayectorias, contrastar discursos con resultados y preguntarnos qué tipo de representación queremos para nuestros municipios y para Querétaro.
Porque legislar no es acumular iniciativas, cambiar de bancada o protagonizar disputas políticas. Legislar es responder a las necesidades de la sociedad.
Y si más de 200 iniciativas siguen esperando, la pregunta ya no es solamente cuándo serán discutidas. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar la ciudadanía para que sus representantes hagan el trabajo por el que fueron elegidos?
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