- La propuesta de la diputada Claudia Díaz Gayou busca establecer un mecanismo estatal de protección con medidas de emergencia, respaldo financiero y participación de organizaciones civiles. La Asociación Regional de Periodistas y Comunicadores de San Juan A.C., encabezada por Heidy Wagner Laclette, participó activamente en la construcción del proyecto mediante parlamentos abiertos y aportaciones de integrantes del gremio.
La protección de quienes ejercen el periodismo, defienden los derechos humanos y trabajan por el bienestar animal dio un paso importante en Querétaro. Este día fue presentada ante la LXI Legislatura del Estado una iniciativa para expedir la nueva Ley para la Protección Integral de Periodistas, Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Defensoras de los Animales del Estado de Querétaro, un proyecto que busca establecer mecanismos concretos para prevenir agresiones y responder ante situaciones de riesgo.
La propuesta, impulsada por la diputada Claudia Díaz Gayou, es resultado de varios meses de trabajo, diálogo y participación ciudadana a través de parlamentos abiertos, en los que periodistas, comunicadores, activistas y representantes de organizaciones sociales contribuyeron con sus experiencias, planteamientos y propuestas para construir un marco legal que atienda las necesidades de estos sectores.
Entre las organizaciones que tuvieron una participación destacada se encuentra la Asociación Regional de Periodistas y Comunicadores de San Juan A.C., cuya presidenta, Heidy Wagner Laclette, junto con el equipo multidisciplinario de la ARPCSJAC, aportó información, referencias académicas, tesis y planteamientos construidos a partir de las experiencias y contribuciones de integrantes de distintos medios de comunicación.
El trabajo de esta asociación formó parte de un esfuerzo colectivo que hoy llegó a una etapa fundamental con la presentación formal de la iniciativa ante el Poder Legislativo.
Durante la presentación, en la que estuvieron presentes la diputada Rosalba Vázquez Munguía y Heidy Wagner Laclette, la legisladora Claudia Díaz Gayou dio a conocer los principales alcances y componentes del proyecto, que pretende convertir la protección de estos sectores en una responsabilidad institucional, con procedimientos, plazos y recursos definidos.
Una ley de 65 artículos y un mecanismo estatal de protección
El proyecto legislativo consta de 28 páginas, distribuidas en 65 artículos y seis artículos transitorios. Su principal objetivo es crear un sistema integral que permita prevenir amenazas, atender agresiones y garantizar medidas de protección para tres sectores:
- Periodistas y trabajadores de medios de comunicación: incluidos quienes trabajan de manera independiente, en medios comunitarios y digitales, así como quienes realizan su actividad sin remuneración.
- Personas defensoras de derechos humanos: entre ellas, personas buscadoras, activistas ambientales y defensores del territorio y de las comunidades.
- Personas defensoras de los animales: como rescatistas, voluntarios, integrantes de asociaciones y responsables de albergues.
Uno de los aspectos novedosos de la propuesta es que Querétaro incorporaría expresamente a las personas defensoras de los animales como sujetos de protección, reconociendo los riesgos que pueden enfrentar por las actividades que realizan.
Un fideicomiso con el 5% del presupuesto de comunicación social
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un fideicomiso público destinado a financiar las medidas de protección.
La propuesta establece que el Poder Ejecutivo estatal y cada uno de los municipios aporten el equivalente al 5% de sus respectivos presupuestos anuales aprobados para comunicación social y publicidad.
A estos recursos podrían sumarse donativos privados verificables, rendimientos financieros y otras asignaciones legalmente autorizadas.
El planteamiento no establece todavía una cantidad fija en pesos, debido a que el monto dependerá de los presupuestos estatales y municipales que sean aprobados.
El fideicomiso sería administrado por una institución bancaria, no tendría nómina ni estructura administrativa propia y estaría sujeto a mecanismos de transparencia y fiscalización.
Protección urgente: respuesta en tres horas
Otro de los elementos más relevantes de la iniciativa es que establece tiempos específicos para atender situaciones de peligro.
En casos de riesgo inminente, la propuesta contempla los siguientes plazos:
- 3 horas: plazo máximo para emitir medidas urgentes de protección.
- 9 horas: límite para iniciar la ejecución de dichas medidas.
- 48 horas: plazo para presentar al Comité el informe posterior a la activación extraordinaria.
Las medidas podrían incluir escoltas, vehículos blindados, refugios, reubicación temporal, transporte seguro, dispositivos de alerta, protección digital y atención médica, psicológica y jurídica.
También se contempla la protección de familiares, colectivos e instalaciones cuando las circunstancias lo ameriten.
Un aspecto importante es que la atención urgente no estaría condicionada a que la persona presente previamente una denuncia penal, cuente con una sentencia o espere la autorización de una sesión del Comité.
Participación ciudadana en las decisiones
La iniciativa propone que el Mecanismo Estatal de Protección sea dirigido por un Comité Tripartito integrado por nueve personas con voz y voto.
Su composición sería la siguiente:
- Tres representantes del Poder Ejecutivo estatal.
- Tres representantes de los municipios.
- Tres representantes de organizaciones y colectivos sociales.
Estos últimos representarían, respectivamente, al sector periodístico, la defensa de los derechos humanos y la protección y el bienestar animal.
La operación cotidiana estaría a cargo de la Secretaría de Gobierno, mediante las unidades administrativas y el personal existente.
Un calendario para poner en marcha la ley
El proyecto también establece plazos para que, una vez aprobada y publicada la legislación, comiencen a funcionar sus distintas estructuras.
Entre los tiempos propuestos destacan los siguientes:AcciónPlazoDesignar la Coordinación y habilitar canales de atención30 díasEmitir convocatorias para representantes30 díasInstalar el Comité60 díasConstituir el fideicomiso60 díasHabilitar el contrato fiduciario y los pagos urgentes90 díasExpedir el Reglamento Operativo120 días
La ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación, mientras que las aportaciones periódicas del 5% comenzarían en el siguiente ejercicio fiscal.
El reto: garantizar recursos y capacidad de respuesta
Aunque la propuesta representa un planteamiento amplio en materia de protección, también abre diversos temas que deberán analizarse durante el proceso legislativo.
Entre ellos destacan el impacto presupuestal para el estado y los 18 municipios, la viabilidad de establecer aportaciones obligatorias, la capacidad de responder a emergencias simultáneas y la disponibilidad de recursos para cumplir los tiempos de atención establecidos.
También será importante definir mecanismos transparentes para elegir a los representantes sociales y garantizar que la confidencialidad de las personas protegidas sea compatible con la fiscalización de los recursos públicos.
De los parlamentos abiertos a una propuesta legislativa
La presentación de esta iniciativa representa la culminación de una etapa de trabajo que involucró a distintos sectores de la sociedad queretana.
Para periodistas y comunicadores, la propuesta significa que sus experiencias, preocupaciones y planteamientos encontraron un espacio de discusión dentro del Poder Legislativo. En ese proceso, la participación de la Asociación Regional de Periodistas y Comunicadores de San Juan A.C., a través de Heidy Wagner Laclette y de las aportaciones de sus integrantes, formó parte de la construcción colectiva del proyecto.
Ahora, la iniciativa inicia su recorrido legislativo, donde deberá ser analizada, discutida y, en su caso, aprobada por las y los diputados.
Más allá de su contenido jurídico, el planteamiento coloca sobre la mesa una discusión necesaria: garantizar que ejercer el periodismo, defender los derechos humanos o trabajar por el bienestar de los animales no represente una amenaza para la integridad y la seguridad de quienes realizan estas actividades.
La iniciativa ya fue presentada. El siguiente paso será convertir sus planteamientos en una legislación viable, con presupuesto suficiente y capacidad real para proteger a quienes, desde distintos espacios, realizan una labor de interés social en Querétaro.
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