Hay coincidencias que llaman la atención.
El regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa ocurrió prácticamente al mismo tiempo que en San Juan del Río comenzaron a circular materiales impresos vinculados con la actividad política de Rosy Sinecio. Dos historias distintas, dos entidades diferentes y, en apariencia, ningún vínculo entre ellas. Pero en política las coincidencias suelen ser suficientes para levantar una ceja y hacer una pregunta incómoda.
¿Estamos ante simples movimientos naturales de la vida pública o frente a señales tempranas de proyectos políticos que ya están tomando forma?
Como decía aquella vieja frase que suele utilizarse cuando todo apunta a que algo puede terminar mal: “crónica de un fracaso anunciado”.
Pero vayamos por partes.
Rocha Moya regresa al poder, pero no se van las preguntas
Rubén Rocha Moya retomó la gubernatura de Sinaloa después de una licencia solicitada en mayo, cuando decidió separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República atendía las investigaciones derivadas de señalamientos formulados desde Estados Unidos. El Congreso de Sinaloa autorizó aquella licencia y designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina.
Ahora Rocha está de regreso.
El mandatario sostiene su inocencia y ha presentado los señalamientos estadounidenses como parte de una ofensiva política que, desde su perspectiva, afecta no solamente a su persona sino también a la soberanía nacional. Su regreso busca, entre otras cosas, recuperar el control político y administrativo de un estado que durante meses permaneció bajo una enorme presión mediática y judicial.
Pero una cosa es regresar al despacho y otra muy distinta recuperar plenamente la confianza.
Las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos no desaparecen por el simple hecho de retomar el cargo. Tampoco desaparece el escrutinio público. El caso seguirá siendo un elemento de presión para su administración y para Morena, particularmente mientras permanezcan abiertas las interrogantes sobre los señalamientos que involucran al mandatario y a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Rocha vuelve, sí. Pero vuelve acompañado de una pregunta que difícilmente podrá esquivar: ¿cómo gobernar con normalidad cuando una parte importante de la opinión pública seguirá mirando hacia los tribunales, las fiscalías y las investigaciones?
Y mientras tanto, en San Juan del Río…
A cientos de kilómetros de Sinaloa, San Juan del Río comienza a calentarse políticamente mucho antes de que oficialmente arranque el próximo proceso electoral.
Rosy Sinecio no es una recién llegada a la política sanjuanense. Fue candidata de Morena a la presidencia municipal en 2021 y desde entonces ha mantenido presencia dentro de los grupos que disputan el rumbo del partido en el municipio.
En los últimos meses, además, su nombre ha aparecido con mayor frecuencia en las conversaciones sobre la candidatura de Morena para 2027. Incluso medios locales han documentado su cercanía política con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar y su participación en actividades de organización ciudadana.
En agosto de 2026, Sinecio encabezó en San Juan del Río la asamblea denominada “Juntas Transformando con Rosy Sinecio”, actividad presentada como parte de una jornada nacional de organización y participación ciudadana.
Hasta ahí, todo podría parecer parte de la actividad política ordinaria.
El problema comienza cuando la promoción política adquiere una presencia cotidiana en los domicilios de los ciudadanos.
Porque una cosa es organizar reuniones, participar en asambleas, dialogar con sectores sociales o expresar aspiraciones políticas; y otra, muy distinta, es comenzar a inundar colonias con materiales impresos que puedan ser interpretados como promoción personal rumbo a una elección que todavía está lejos.
¿Información política o promoción adelantada?
Aquí está la pregunta que corresponde hacerle a la autoridad electoral.
Si los volantes que están llegando a las puertas de los domicilios contienen únicamente información de carácter político, organización ciudadana o difusión de actividades partidistas, tendrán que analizarse bajo esas reglas.
Pero si esos materiales incorporan elementos que impliquen una promoción personal orientada a obtener apoyo para una candidatura futura, entonces la discusión cambia.
La Ley Electoral del Estado de Querétaro establece que los actos anticipados de campaña son expresiones realizadas fuera de la etapa de campañas que contengan llamados expresos al voto a favor o en contra de una candidatura o partido, o solicitudes de apoyo para contender por una candidatura o un partido. La propia legislación también establece reglas para la propaganda política y electoral, incluida la propaganda impresa. (LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO)
Por eso no se trata de afirmar, sin más, que repartir volantes constituye automáticamente un acto anticipado de campaña.
No.
Lo responsable es preguntar: ¿Qué dicen los volantes?, ¿Quién los imprime?, ¿Quién los distribuye?, ¿Quién los paga?, ¿Qué mensaje contienen?, ¿Qué imagen proyectan y cuál es su finalidad?
Y, sobre todo: ¿qué dice el IEEQ al respecto?
Esa debería ser la pregunta de fondo.
El calendario electoral todavía no empieza, pero la carrera ya comenzó
Aquí aparece una paradoja de la política mexicana.
Los partidos suelen decir que todavía no están en campaña. Los aspirantes aseguran que solamente están “trabajando en territorio”. Las reuniones son presentadas como encuentros ciudadanos, las estructuras como organizaciones sociales y la promoción personal como participación política.
Todo parece legal hasta que se analiza el conjunto.
Una reunión por sí sola puede no significar nada.
Un volante tampoco necesariamente significa una campaña.
Una fotografía con dirigentes partidistas puede ser solamente una fotografía.
Pero cuando todas esas piezas se juntan, la autoridad electoral tiene una responsabilidad fundamental: determinar si estamos frente a auténtica participación ciudadana o frente a una estrategia de posicionamiento político anticipado.
Y eso vale para Morena, para el PAN, para el PRI, para Movimiento Ciudadano y para cualquier otro partido.
La ley debe aplicarse parejo.
Rosy Sinecio y la disputa por Morena
Lo cierto es que Sinecio ya está dentro de la conversación rumbo a 2027.
Su nombre aparece junto al de otros perfiles que buscan encabezar el proyecto de Morena en San Juan del Río. La disputa interna no es menor: el partido tendrá que decidir entre distintos grupos, trayectorias, alianzas y perfiles, en un municipio donde la competencia electoral será particularmente relevante.
Además, la discusión sobre género puede convertirse en otro factor determinante.
En Morena saben que una candidatura femenina puede adquirir especial relevancia dependiendo de los criterios de paridad y competitividad que se apliquen para el próximo proceso.
Pero una cosa es que un perfil sea competitivo y otra que la candidatura esté decidida.
Hasta ahora, ninguna encuesta, alianza, fotografía o respaldo político sustituye el procedimiento formal mediante el cual Morena tendrá que definir a su abanderada o abanderado.
Y ahí puede comenzar el verdadero problema.
El fantasma de las imposiciones
La historia política reciente demuestra que las candidaturas anticipadas tienen un enemigo poderoso: las propias estructuras partidistas.
Cuando un aspirante comienza a crecer demasiado pronto, también comienzan a crecer los adversarios internos.
Los grupos que hoy parecen aliados mañana pueden convertirse en competidores. Los respaldos nacionales pueden generar resistencia local. Y una estructura construida alrededor de una persona puede terminar provocando que otros cuadros cierren filas en su contra.
Ese es el riesgo para cualquier aspirante.
Rosy Sinecio tiene trayectoria, presencia territorial y aliados políticos. Eso es evidente. Pero también es evidente que la carrera por la candidatura de Morena en San Juan del Río apenas está comenzando.
Y si algo enseña la política es que llegar primero no significa necesariamente llegar primero a la boleta.
Mientras en Sinaloa Rocha Moya intenta recuperar normalidad política después de una crisis que lo llevó a solicitar licencia y a enfrentar señalamientos de autoridades estadounidenses, en San Juan del Río algunos actores políticos parecen haber decidido que esperar hasta 2027 sería demasiado tarde.
¿Coincidencia?
Puede ser.
¿Destino?
Eso ya sería materia de otra columna.
Lo que sí resulta evidente es que la política no espera al calendario electoral. Las aspiraciones se mueven, las estructuras se organizan y los nombres comienzan a posicionarse mucho antes de que las instituciones abran formalmente la puerta a las campañas.
Y justamente por eso la autoridad electoral debe mirar con lupa lo que está sucediendo.
Porque si los volantes son solamente información política, que se diga claramente.
Si forman parte de una estrategia de organización ciudadana, que se explique.
Pero si detrás de ellos existe una operación de posicionamiento electoral anticipado, también habrá que decirlo.
No se trata de perseguir a Rosy Sinecio ni de favorecer a sus adversarios. Se trata de algo mucho más sencillo: que las reglas sean las mismas para todos.
De lo contrario, la carrera rumbo a 2027 podría comenzar con una ventaja construida antes de que el árbitro siquiera haya dado el silbatazo inicial.
Y entonces sí, quizá no estemos ante una coincidencia.
Quizá estemos viendo los primeros capítulos de una crónica de un fracaso anunciado.
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