La exigencia de que el gobierno de San Juan del Río explique, peso por peso, cómo se ejercieron los recursos de la Feria 2026 es completamente legítima. Cuando se trata de dinero público no hay espacio para la discrecionalidad. Los ciudadanos tienen derecho a conocer contratos, pagos, proveedores, sobrecostos y cualquier decisión que implique recursos provenientes de sus impuestos.
En eso no debería existir discusión.
Lo interesante aparece cuando se observa el contexto político en el que surge esta demanda. Mientras en el municipio se levanta la bandera de la transparencia, a nivel nacional el discurso de la Cuarta Transformación ha transitado por un camino muy distinto. La concentración de información, la desaparición de contrapesos institucionales y la creciente opacidad en diversos proyectos federales han debilitado precisamente aquello que hoy algunos exigen con firmeza desde el ámbito local.
La contradicción es evidente.
No se puede construir una narrativa de apertura cuando, desde el poder nacional, el acceso a la información ha dejado de ser una prioridad. Esa incongruencia termina pesando más que cualquier discurso y es la ciudadanía quien primero la percibe.
Pero tampoco sería correcto utilizar esa contradicción como pretexto para descalificar la solicitud de los regidores. La transparencia no debe negarse porque otros no la practiquen. Si existen dudas sobre el manejo financiero de la Feria de San Juan del Río, la administración municipal tiene la obligación de responderlas con documentos, cifras y resultados, no con argumentos políticos.
Lo que sí queda sobre la mesa es una reflexión de fondo: la transparencia no puede ser una herramienta de coyuntura. No puede aparecer únicamente cuando resulta políticamente rentable ni desaparecer cuando las preguntas apuntan hacia los propios.
Porque entonces deja de ser un principio democrático para convertirse en un instrumento de conveniencia.
En un país profundamente polarizado, esa selectividad termina desgastando la credibilidad de todos los actores políticos. Cada partido acusa la opacidad del otro, pero guarda silencio cuando las mismas prácticas ocurren entre los suyos. El resultado es un círculo de desconfianza donde la ciudadanía observa cómo la rendición de cuentas se utiliza más como arma política que como una verdadera obligación pública.
Y ahí está el verdadero problema.
Cuando la transparencia se exige solo de un lado, pierde autoridad moral. Cuando se convierte en un discurso selectivo, pierde legitimidad. Y cuando los ciudadanos perciben esa incongruencia, también pierden confianza en quienes dicen defender el interés público.
San Juan del Río merece respuestas claras sobre el destino de los recursos de su feria. Pero México también necesita una clase política que entienda que la transparencia no tiene colores, ni partidos, ni momentos convenientes.
Porque la rendición de cuentas vale lo mismo cuando se gobierna que cuando se es oposición. Todo lo demás es política; la transparencia, en cambio, debería ser un principio irrenunciable.
Las Breves Informativas
