Comunicadores señalan mensajes intimidatorios y campañas de descalificación en redes sociales; hasta ahora no existen pruebas públicas que acrediten responsabilidad de funcionarios municipales.
Acayucan, Veracruz.— El ejercicio periodístico en Acayucan atraviesa un escenario de tensión luego de que varios comunicadores denunciaran amenazas, descalificaciones y hostigamiento a través de redes sociales, particularmente después de publicar contenidos críticos sobre la administración municipal encabezada por el alcalde morenista Raúl David Salomón García.
Los señalamientos involucran principalmente a periodistas que cubren información política, policiaca y social en el municipio. Entre los comunicadores que han denunciado actos de intimidación se encuentran Carlos González Alonso y Enrique Quiroz García, quienes refieren haber recibido mensajes con advertencias sobre posibles agresiones físicas.
A estos casos se suman los de José Luis Ortega Vidal y Jesús Rodríguez Damián, quienes han sido objeto de publicaciones en redes sociales en las que se les acusa, entre otros señalamientos, de presunta extorsión y se les califica de manera despectiva como “chayoteros”.
También han sido mencionados los creadores de contenido informativo Federico Alvarado y Lázaro David Chávez, en un contexto de creciente confrontación digital entre comunicadores y actores vinculados a la actividad política local.
Señalamientos sin pruebas públicas concluyentes
Algunos de los periodistas afectados han expresado sospechas sobre una posible participación de personas relacionadas con áreas de comunicación social o asesoría política del Ayuntamiento.
Sin embargo, hasta el momento no se han presentado públicamente pruebas concluyentes que acrediten la participación de funcionarios municipales en las amenazas o campañas de hostigamiento. Tampoco se ha difundido un posicionamiento oficial del alcalde Raúl David Salomón García que confirme o responda específicamente a estas acusaciones.
La diferencia entre los señalamientos difundidos en redes sociales y los hechos que puedan ser acreditados mediante una investigación formal resulta relevante en un contexto donde las acusaciones pueden tener consecuencias tanto para los periodistas como para los funcionarios señalados.
También surgen cuestionamientos en el ámbito político
La tensión no se limita al gremio periodístico. En el ámbito político municipal también se han registrado cambios en la actividad pública de la regidora de Movimiento Ciudadano, Monserrat Mendoza Arvea, quien dejó de publicar en redes sociales información relacionada con las sesiones de Cabildo, una práctica que había mantenido mientras expresaba críticas hacia la administración municipal.
El contexto se complicó después de que la Fiscalía General del Estado realizara un cateo en una plaza comercial perteneciente a su familia y posteriormente se informara sobre la vinculación a proceso de su padre, Fernando Mendoza Villanueva, notario público número 10 con sede en Catemaco.
En redes sociales han circulado versiones que relacionan estos acontecimientos con el gobierno municipal. No obstante, esas versiones no constituyen por sí mismas una atribución de responsabilidad legal y no existe, en la información disponible públicamente, una determinación que establezca esa relación.
Crece la preocupación por la libertad de expresión
Los casos denunciados colocan nuevamente bajo atención las condiciones en las que periodistas y comunicadores locales desarrollan su trabajo, particularmente cuando sus coberturas incluyen cuestionamientos a autoridades o actores políticos.
Las amenazas directas, el acoso digital y las campañas de descalificación pueden representar un riesgo adicional para quienes ejercen labores informativas, por lo que cualquier denuncia formal debería ser investigada por las autoridades competentes y, cuando corresponda, activar los mecanismos de protección disponibles para periodistas y defensores de derechos humanos.
En Acayucan, el episodio mantiene bajo atención a periodistas, funcionarios y organizaciones relacionadas con la libertad de expresión, mientras permanecen pendientes investigaciones que permitan determinar responsabilidades concretas.
¿Deberían activarse de oficio los mecanismos estatales de protección ante campañas de amenazas o difamación digital contra periodistas locales?
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