Han transcurrido 12 años desde la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala, Guerrero. Aquella noche marcó uno de los episodios más graves de la historia reciente de México y dio paso a una investigación que, más de una década después, continúa abierta.
Los padres y madres de los normalistas mantienen la exigencia de esclarecer lo ocurrido, determinar el paradero de los estudiantes que permanecen desaparecidos y llevar ante la justicia a los responsables.
De los 43 normalistas desaparecidos aquella noche, únicamente se han identificado genéticamente restos correspondientes a tres de ellos: Alexander Mora Venancio, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Los otros 40 estudiantes continúan oficialmente en calidad de desaparecidos, pese a los distintos operativos de búsqueda, análisis forenses y líneas de investigación desarrolladas durante estos años.
En agosto de 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) presentó un informe en el que calificó los hechos como un crimen de Estado.
El documento señaló la participación, colaboración u omisión de distintas autoridades y corporaciones durante los acontecimientos de aquella noche y en las investigaciones posteriores, incluyendo instancias municipales, estatales y federales, así como elementos del Ejército.
Una de las hipótesis investigadas se relaciona con el llamado quinto autobús.
Los estudiantes habían acudido a la terminal de Iguala para tomar autobuses rumbo a una movilización, una práctica habitual entre alumnos de las normales rurales. Investigaciones posteriores plantearon que uno de los autobuses tomados por los jóvenes pudo haber transportado un cargamento de droga o dinero con destino a Estados Unidos.
Esta hipótesis apunta a que el contenido del vehículo pudo haber sido un factor relacionado con el ataque. Sin embargo, se trata de una línea de investigación y no de un hecho judicialmente establecido como explicación definitiva de la desaparición.
La llamada “Verdad Histórica” perdió sustento
Durante la gestión de Jesús Murillo Karam al frente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), las autoridades presentaron una versión según la cual los 43 estudiantes habían sido asesinados y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cocula.
Posteriormente, los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) cuestionaron de manera contundente esa explicación. Sus análisis señalaron que las condiciones del sitio y los requerimientos físicos para una cremación de esa magnitud no eran compatibles con la versión presentada por las autoridades.
Con ello, la llamada “Verdad Histórica” quedó seriamente cuestionada y nuevas investigaciones comenzaron a explorar otras rutas para establecer qué ocurrió con los estudiantes.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han continuado con nuevas búsquedas y análisis forenses en distintos puntos de Guerrero.
Entre las áreas revisadas se encuentran más de una veintena de sitios, incluidos lugares cercanos al río San Joaquín y predios relacionados con servicios forenses en Iguala. Las autoridades han buscado determinar si en esos sitios existen indicios que puedan aportar información sobre el destino de los normalistas.
A 12 años de la desaparición, el caso Ayotzinapa permanece abierto. La identificación de tres estudiantes ha permitido establecer algunos elementos mediante evidencia genética, pero el paradero de los otros 40 normalistas continúa sin esclarecerse.
Para las familias, la investigación sigue siendo una demanda de justicia y verdad; para las autoridades, el expediente continúa representando uno de los casos más complejos de desaparición y violaciones graves a los derechos humanos en México.
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