Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, una propuesta que busca establecer un marco jurídico único en todo el país para combatir este crimen y garantizar una atención integral a las víctimas.
El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado, donde iniciará su proceso de análisis y dictaminación, informó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez.
La iniciativa contempla 62 artículos y 12 disposiciones transitorias, organizados en cinco títulos que abarcan las disposiciones generales, la definición del delito de feminicidio, los procedimientos de investigación, los derechos de las víctimas y la política de Estado para prevenir y atender este tipo de violencia.
Uno de los principales objetivos es homologar el tipo penal de feminicidio en las 32 entidades federativas, con el propósito de eliminar las diferencias legales que actualmente existen entre los estados y fortalecer la procuración de justicia.
El documento también reconoce que la violencia feminicida afecta de manera diferenciada a distintos grupos de mujeres, como niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad e integrantes de pueblos indígenas, por lo que plantea mecanismos específicos de atención y protección.
La propuesta establece un tipo penal aplicable en todo el territorio nacional, así como las sanciones, agravantes y medidas de reparación integral del daño, con la finalidad de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
Asimismo, define la coordinación entre la Federación, los estados, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito, además de impulsar políticas públicas y acciones interinstitucionales enfocadas en su prevención.
De acuerdo con la iniciativa, se considerará feminicidio cuando una persona prive de la vida a una mujer por razones de género y existan elementos como antecedentes de violencia sexual, lesiones degradantes, ataques con ácido, estrangulamiento, una relación de pareja o afectiva entre víctima y agresor, o cuando la víctima haya sido privada de la libertad o desaparecida antes de su muerte.
También se incluirán como indicadores del delito los casos en que el cuerpo o los restos de la víctima sean abandonados, expuestos o incinerados en espacios públicos.
En materia de sanciones, el proyecto propone penas de 50 a 70 años de prisión, además de multas de entre mil y dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La pena podría aumentar hasta en una mitad cuando concurran alguna de las 19 agravantes previstas, entre ellas que la víctima sea menor de edad, esté embarazada, tenga alguna discapacidad, pertenezca a un pueblo indígena o cuando se realicen actos para impedir su identificación.
Además de la condena de prisión, la iniciativa plantea sanciones complementarias como la pérdida de la patria potestad sobre los hijos en común y la cancelación de los derechos sucesorios del responsable respecto de los bienes y patrimonio de la víctima.
La iniciativa comenzará su discusión en las comisiones del Senado, donde legisladores analizarán su contenido y alcances antes de que sea sometida a votación. De ser aprobada, México contaría por primera vez con una Ley General que establecería criterios uniformes para la prevención, investigación y sanción del feminicidio, además de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para enfrentar este delito.
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