Crisis en Sinaloa: Rubén Rocha Moya pide licencia tras señalamientos de EE. UU. y pierde el fuero

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El panorama político en Sinaloa ha dado un giro drástico este 4 de mayo de 2026. Tras meses de tensiones y señalamientos provenientes de agencias de seguridad de los Estados Unidos, Rubén Rocha Moya ha solicitado formalmente una licencia temporal por 30 días para separarse de su cargo como gobernador.

La noticia ha acaparado las portadas de los principales diarios nacionales como Reforma, El Universal y Milenio, no solo por la salida del mandatario, sino por las implicaciones legales que esto conlleva.

Arturo Zaldívar, Coordinador de Política y Gobierno, fue enfático al señalar que, al hacerse efectiva la licencia, Rocha Moya pierde automáticamente su fuero constitucional. Esta condición jurídica despeja el camino para que las autoridades, tanto nacionales como internacionales, puedan proceder legalmente en las investigaciones que lo vinculan con presuntos nexos con el narcotráfico.

Relevo bajo la lupa: Yeraldine Bonilla asume el interinato

En una sesión que generó intensos debates, el Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Su nombramiento no ha estado exento de críticas y escepticismo, debido a la relación política cercana con el ahora gobernador con licencia. Analistas y opositores han recordado declaraciones pasadas de Rocha hacia Bonilla, cuestionando si su llegada garantiza una transición neutral o si se trata de un intento por mantener el control del estado durante la crisis.

Protección Federal: ¿Medida de seguridad o blindaje?

Pese a los señalamientos en su contra, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina que el Gobierno Federal ha decidido otorgar protección especial a Rubén Rocha Moya.

«Se ha recibido una solicitud formal al Gabinete de Seguridad y se le brindará el acompañamiento necesario para garantizar su integridad física», señaló la mandataria.

Esta medida ha generado opiniones divididas, pues mientras el ejecutivo federal argumenta que es un protocolo estándar para exmandatarios en zonas de alto riesgo, otros sectores lo interpretan como un mensaje de respaldo político en medio del escándalo.

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