La nueva ofensiva del Departamento del Tesoro alcanza a operadores criminales, empresas, casas de cambio y personas vinculadas por Washington con estructuras de poder en Tijuana y Mexicali.
WASHINGTON.— El gobierno de Estados Unidos elevó este martes la presión financiera contra el Cártel de Sinaloa al sancionar a 21 personas y 25 entidades que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), forman parte de la estructura de Los Mayos o funcionan como facilitadores de sus actividades.
La operación tiene un alcance que va más allá de los dirigentes señalados por narcotráfico. El Departamento del Tesoro incluyó en su acción a presuntos operadores territoriales, lavadores de dinero, empresas y personas que, de acuerdo con las investigaciones estadounidenses, habrían permitido que la organización mantuviera capacidad operativa en Baja California.
El mensaje de Washington es claro: la estrategia ya no se concentra únicamente en perseguir a los capos, sino en intentar cortar los circuitos económicos, empresariales y de protección que permiten la supervivencia de las organizaciones criminales.
Una estructura que busca sobrevivir a la caída de sus líderes
La detención de Ismael Zambada García, “El Mayo”, en julio de 2024 modificó el equilibrio interno del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, la fractura posterior entre Los Mayos y Los Chapitos provocó una disputa por territorios, rutas y capacidad de mando.
En ese escenario, Washington identifica a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, como el actual dirigente de Los Mayos.
La OFAC sostiene que Zambada Sicairos mantiene el control de la facción y lo responsabiliza de actividades criminales como narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y corrupción.
Se trata de señalamientos formulados por autoridades estadounidenses dentro de un régimen de sanciones; su inclusión en la lista de la OFAC no debe confundirse automáticamente con una sentencia penal.
Tijuana, una pieza estratégica
El componente territorial de la operación resulta especialmente relevante para Baja California.
Según el Departamento del Tesoro, Los Mayos mantienen una estructura de control en zonas estratégicas de Tijuana y Mexicali, desde donde sus operadores gestionarían actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
En Tijuana, las autoridades estadounidenses señalan a Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, como responsables de la denominada plaza.
Ambos ya habían sido objeto de sanciones estadounidenses y ahora son nuevamente señalados bajo otro marco de la legislación de Estados Unidos.
La OFAC también sancionó a presuntos operadores subordinados a esta estructura, a quienes atribuye funciones relacionadas con violencia, narcotráfico y administración territorial.
El dinero detrás del crimen
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva medida es que el Tesoro estadounidense pone el foco en los mecanismos financieros que presuntamente permiten que las ganancias del narcotráfico regresen a las organizaciones criminales.
Entre los casos mencionados se encuentra una casa de cambio ubicada en Tijuana, identificada por las autoridades estadounidenses como Magic Casa de Cambio.
La OFAC sostiene que el establecimiento habría sido utilizado para recibir dinero procedente del narcotráfico en Estados Unidos y posteriormente transferir recursos hacia México mediante operaciones financieras.
Este tipo de mecanismos resulta fundamental para comprender cómo funcionan las organizaciones criminales modernas.
El narcotráfico no termina cuando una droga llega a su destino. El negocio requiere posteriormente ocultar, trasladar, invertir y reutilizar las ganancias.
Por ello, perseguir el dinero puede resultar tan importante como perseguir a quienes controlan las rutas.
Mexicali: el capítulo más delicado
La parte más sensible del anuncio aparece cuando el Departamento del Tesoro aborda la situación de Mexicali.
La OFAC identifica a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, como dirigente de Los Rusos, una subfacción de Los Mayos a la que atribuye influencia criminal en Mexicali y sus alrededores.
Pero el señalamiento estadounidense no se limita a integrantes del crimen organizado.
También aparecen nombres relacionados, según Washington, con actividades políticas, administrativas y de seguridad pública.
Entre ellos figuran Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres, Pedro Ariel Mendivil García y Rafael Buenrostro Martín.
Las autoridades estadounidenses los vinculan con distintos mecanismos de apoyo y facilitación para la organización criminal.
El señalamiento adquiere especial relevancia porque plantea un problema que trasciende al narcotráfico: la posible utilización de estructuras institucionales y económicas para proteger actividades ilícitas.
Sin embargo, desde una perspectiva informativa, es indispensable distinguir entre una acusación o designación administrativa y una resolución judicial. La sanción estadounidense refleja la posición y los hallazgos declarados por el gobierno de Estados Unidos, pero no sustituye los procedimientos judiciales correspondientes en México o Estados Unidos.
Cuando la corrupción se convierte en infraestructura criminal
El caso descrito por la OFAC permite observar un fenómeno que suele quedar oculto detrás de las cifras de homicidios y decomisos.
Las organizaciones criminales necesitan algo más que hombres armados.
Necesitan información, protección, dinero, transporte, empresas, intermediarios y capacidad para reducir los riesgos de ser detectadas.
Cuando funcionarios o personas con influencia institucional son señalados como posibles facilitadores, el problema deja de ser exclusivamente policial.
Se convierte también en un problema de integridad institucional.
La corrupción, en este contexto, puede funcionar como una infraestructura que permite que una organización criminal permanezca operativa durante años.
¿Qué buscan las sanciones?
La OFAC explicó que las personas y empresas designadas quedan sujetas al bloqueo de sus bienes e intereses patrimoniales bajo jurisdicción estadounidense.
Además, las restricciones pueden afectar a entidades controladas directa o indirectamente en al menos 50% por personas bloqueadas.
Las medidas también generan riesgos para instituciones financieras y empresas que mantengan determinadas relaciones comerciales con los sancionados.
Esto significa que las consecuencias pueden extenderse más allá de Estados Unidos.
Una empresa incluida en una red financiera señalada por Washington puede enfrentar dificultades para realizar operaciones internacionales, mantener relaciones bancarias o acceder a determinados mercados.
El verdadero desafío: impedir que la red se reconstruya
La experiencia internacional demuestra que eliminar a un dirigente no necesariamente elimina una organización criminal.
Los grupos pueden fragmentarse, sustituir mandos y reorganizar sus operaciones.
Por eso, la relevancia de esta nueva acción estadounidense no está solamente en la cantidad de personas sancionadas, sino en la intención de atacar simultáneamente diferentes componentes de la estructura criminal.
El reto para las autoridades mexicanas y estadounidenses será determinar si estas medidas consiguen traducirse en investigaciones sólidas, procesos judiciales, recuperación de activos, combate efectivo a la corrupción y reducción de la capacidad operativa de las organizaciones señaladas.
Una batalla que también se libra fuera de las calles
La nueva ofensiva de Washington deja una lectura importante: la lucha contra el crimen organizado no ocurre únicamente en retenes, operativos o zonas fronterizas.
También se libra en casas de cambio, empresas, cuentas bancarias, propiedades, sociedades mercantiles y redes de intermediación.
El dinero es lo que permite financiar armas, transporte, corrupción y expansión territorial.
Por eso, cortar los flujos financieros puede convertirse en una herramienta estratégica.
Pero las sanciones, por sí solas, tampoco resuelven el problema.
Su impacto dependerá de que las instituciones sean capaces de seguir el rastro del dinero, procesar judicialmente a quienes resulten responsables y evitar que las estructuras económicas y de protección señaladas vuelvan a ser ocupadas por nuevos operadores.
La pregunta de fondo
Más allá de los nombres incluidos en la lista de la OFAC, el anuncio vuelve a colocar una pregunta incómoda sobre la mesa:
¿Qué tan vulnerable es una institución cuando una organización criminal consigue combinar dinero, territorio, empresas y presuntos vínculos de protección?
La respuesta no se encuentra únicamente en el número de sanciones impuestas.
Se encuentra en la capacidad de las autoridades para demostrar, con investigaciones y procesos verificables, quién permitió qué, cómo circuló el dinero y qué consecuencias legales tuvieron esas acciones.
Ese será el verdadero indicador para saber si la ofensiva financiera consigue desarticular una red o simplemente obliga a la organización criminal a cambiar de nombres, empresas y operadores.
Con Información de corresponsales internacionales. Las Breves Informativas.
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