Ciudad de México, 27 de julio de 2026. La violencia contra periodistas en México continúa siendo uno de los principales indicadores del debilitamiento del Estado de Derecho, una problemática que ha colocado al país entre los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo en tiempos de paz. La impunidad, la falta de investigaciones efectivas y la insuficiente protección a los comunicadores mantienen vigente una crisis que organizaciones nacionales e internacionales han denunciado durante la última década.
La imagen de decenas de periodistas reunidos en el Zócalo de Veracruz el 25 de enero de 2022 para recordar a sus colegas asesinados y exigir justicia permanece como uno de los símbolos más representativos de la lucha por la libertad de expresión en México. Aquella movilización, replicada en distintas ciudades del país, reflejó el reclamo de un gremio que ha enfrentado amenazas, desapariciones, atentados y homicidios por el ejercicio de su labor informativa.
A cuatro años de aquella protesta, el debate sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de los periodistas vuelve a cobrar relevancia a partir del análisis del articulista R.R.B. Martínez, quien sostiene que la crisis de violencia e impunidad es consecuencia directa del deterioro del Estado de Derecho y de la incapacidad institucional para hacer cumplir la ley de manera efectiva.
El análisis plantea que cuando las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia pierden eficacia, la sociedad entra en un escenario donde prevalecen la incertidumbre y la desconfianza ciudadana. Bajo estas condiciones, explica el autor, grupos criminales, intereses políticos y redes de corrupción encuentran espacios para operar con mayor libertad, mientras que las víctimas enfrentan procesos judiciales lentos o, en muchos casos, inexistentes.
La violencia contra periodistas representa uno de los ejemplos más visibles de este fenómeno. Cada agresión no castigada envía un mensaje de permisividad que fortalece la impunidad y debilita la confianza en las instituciones encargadas de proteger las libertades fundamentales.
En este contexto, el texto sostiene que el fracaso del Estado de Derecho no sólo afecta a quienes ejercen el periodismo, sino que impacta directamente en la sociedad, al limitar el acceso a información libre, crítica e independiente.
Como parte de su reflexión, el autor recurre a una de las obras políticas más influyentes de la historia: «El Príncipe», escrita por Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI.
Particularmente cita el capítulo XVIII, titulado «De qué modo los príncipes deben guardar la fe prometida», donde el filósofo florentino sostiene que existen dos maneras de gobernar y enfrentar los conflictos: mediante la ley o mediante la fuerza.
Maquiavelo argumenta que la ley corresponde a la naturaleza racional del hombre, mientras que la fuerza pertenece al ámbito de las bestias. Sin embargo, advierte que en determinadas circunstancias el gobernante debe saber utilizar ambas herramientas para conservar el poder y mantener el orden.
El escritor italiano utiliza como ejemplo al centauro Quirón, maestro de Aquiles, cuya naturaleza mitad hombre y mitad bestia simboliza la necesidad de combinar inteligencia y fortaleza para enfrentar los desafíos del gobierno.
Uno de los pasajes más conocidos de la obra es retomado por el articulista para explicar la dualidad del ejercicio político.
Maquiavelo afirma que un gobernante debe aprender a ser simultáneamente león y zorro.
El león representa la fuerza necesaria para enfrentar amenazas abiertas y disuadir a los enemigos; sin embargo, carece de la capacidad para descubrir engaños.
El zorro, por el contrario, simboliza la inteligencia política, la prudencia y la habilidad para identificar trampas, aunque carece de la fuerza suficiente para imponerse por sí solo.
De acuerdo con el pensamiento maquiavélico, únicamente quien combina ambas cualidades puede aspirar a mantener la estabilidad del Estado.
El análisis de R.R.B. Martínez establece un paralelismo entre estas ideas clásicas y la situación actual de México, donde considera que los gobiernos enfrentan el reto de recuperar la autoridad del Estado sin abandonar el respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales.
El autor advierte que un gobierno incapaz de hacer cumplir la ley termina debilitando su legitimidad, mientras que el uso exclusivo de la fuerza sin instituciones sólidas tampoco genera estabilidad duradera.
Desde esta perspectiva, sostiene que el verdadero desafío consiste en fortalecer las instituciones encargadas de garantizar justicia, combatir la corrupción y proteger los derechos de los ciudadanos, especialmente de quienes ejercen actividades de alto riesgo como el periodismo.
La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de cualquier sistema democrático. Cuando un periodista es intimidado, censurado o asesinado, no sólo se vulneran sus derechos individuales; también se limita el derecho de la sociedad a estar informada.
Diversos organismos nacionales e internacionales han señalado que la protección efectiva de periodistas requiere no únicamente mecanismos de seguridad, sino investigaciones rápidas, sanciones ejemplares para los responsables y políticas públicas que prevengan las agresiones.
Mientras estos elementos no se consoliden, la violencia contra el gremio seguirá representando uno de los principales desafíos para la democracia mexicana.
El reto institucional
El artículo concluye que el fortalecimiento del Estado de Derecho debe convertirse en una prioridad nacional. La aplicación imparcial de la ley, la independencia de las instituciones de justicia y el combate efectivo a la impunidad son condiciones indispensables para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y de toda la población.
La reflexión inspirada en Maquiavelo no pretende justificar el ejercicio arbitrario del poder, sino advertir que un Estado sólo puede preservar la gobernabilidad cuando combina fortaleza institucional, inteligencia política y estricto respeto a la legalidad.
En un país donde la violencia contra periodistas continúa siendo motivo de preocupación, el desafío no es únicamente proteger a quienes informan, sino consolidar un sistema de justicia capaz de impedir que las agresiones permanezcan sin castigo.
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