Hay cifras que deberían provocar indignación nacional. Sin embargo, en el México polarizado de nuestros días, incluso los escándalos de corrupción se interpretan según el color del partido que cada quien defiende. La verdad ha dejado de importar; lo que importa es quién lanza la acusación y contra quién va dirigida.
La gráfica titulada «Los 10 mayores casos de corrupción en este siglo en América Latina» coloca al denominado Huachicol Fiscal (México, 2019-2025) en el primer lugar, con un daño estimado de 33 mil 500 millones de dólares, por encima de escándalos que durante años simbolizaron el saqueo institucional en la región.
El documento señala que están procesados el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, ambos sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, además de nueve integrantes más de la Secretaría de Marina. Precisa también que Ojeda Durán no figura entre los investigados, y añade que igualmente enfrentan procesos exfuncionarios de Aduanas y empresarios.
La magnitud económica que presenta la gráfica resulta impactante. El supuesto fraude supera incluso al Caso Cadivi de Venezuela, con un daño estimado en 25 mil millones de dólares; a la Operación Lava Jato de Brasil, con 12 mil 121 millones; y al escándalo internacional de Odebrecht, que involucró a una decena de países latinoamericanos y alcanzó 3 mil 336 millones de dólares.
Más abajo aparecen otros casos emblemáticos que marcaron la historia reciente de la región: Reficar en Colombia (2 mil 400 millones); la Operación Sin Descuento en Brasil (mil 195 millones); Segalmex en México (874 millones); Agronitrogenados (760 millones); La Estafa Maestra (383 millones); y La causa de los Cuadernos, en Argentina, con un daño estimado de entre 160 y 220 millones de dólares.
La gráfica también resume el estado de las investigaciones. En Segalmex, por ejemplo, sostiene que 26 funcionarios de segundo nivel fueron procesados, pero ninguno cuenta con una sentencia condenatoria firme, mientras que el exdirector Ignacio Ovalle no tendría investigaciones abiertas. En Agronitrogenados menciona el procesamiento del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin y del empresario Alonso Ancira. Respecto a La Estafa Maestra, recuerda el proceso contra la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles.
Estos datos, independientemente de quién los difunda o de las opiniones que generen, describen un fenómeno que México ya no puede minimizar.
Lo verdaderamente preocupante es el contexto internacional en el que aparecen.
Estados Unidos ha endurecido su postura frente a México bajo el argumento de combatir el tráfico ilegal de combustibles, el lavado de dinero y las redes del crimen organizado transnacional. Cuando un presunto esquema de corrupción relacionado con el comercio ilegal de combustibles alcanza una cifra de 33 mil 500 millones de dólares, deja de ser únicamente un problema administrativo para convertirse en un asunto de seguridad económica y geopolítica.
La presión que Washington ha venido ejerciendo sobre México en materia de combate al crimen organizado podría encontrar en este tipo de investigaciones un nuevo argumento para ampliar la cooperación, imponer sanciones financieras o incluso exigir mayores responsabilidades institucionales.
Mientras tanto, dentro del país seguimos atrapados en una discusión estéril.
Para unos, cualquier investigación representa un ataque político contra el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Para otros, toda acusación basta para dictar culpabilidades antes de que concluyan los procesos judiciales.
Ambas posiciones terminan siendo igual de dañinas.
Porque la corrupción no tiene ideología.
No nació con un solo gobierno ni desaparecerá con el siguiente.
Los nombres cambian, los partidos se alternan y los discursos evolucionan, pero el saqueo al patrimonio público continúa repitiéndose bajo distintas administraciones.
El verdadero debate no debería centrarse en defender gobiernos ni en celebrar acusaciones extranjeras. Debería concentrarse en exigir investigaciones imparciales, procesos transparentes y sentencias sustentadas en pruebas.
Si la información contenida en esta gráfica resulta cierta, México enfrenta uno de los mayores escándalos de corrupción de toda su historia reciente. Si alguna parte de ella es inexacta, corresponde a las autoridades demostrarlo con hechos y no únicamente con discursos.
Porque la peor respuesta no es una investigación internacional.
La peor respuesta es que una sociedad profundamente polarizada sea incapaz de indignarse ante cifras que equivalen a miles de escuelas, hospitales, carreteras, sistemas de agua potable y oportunidades perdidas para millones de mexicanos.
El primer lugar que hoy ocupa México en esa clasificación no debería convertirse en un argumento de confrontación política.
Debería ser una llamada de emergencia nacional. Porque cuando un país comienza a discutir quién tiene derecho a denunciar la corrupción, en lugar de como erradicarla, el problema ya dejó de ser económico.
Se convirtió en una crisis de Estado.
Fuentes Adicionales/Proceso/Corresponsales Nacionales/LasBrevesInformativas
Las Breves Informativas
