La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. La propuesta busca modernizar los catastros, homologar información y mejorar la coordinación entre Federación, estados y municipios, sin crear por sí misma un nuevo impuesto predial.
La discusión sobre el predial vuelve al Congreso, pero esta vez el centro del debate no está en crear un nuevo impuesto, sino en poner orden en la información sobre los bienes inmuebles del país.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la intención de establecer reglas comunes para modernizar los catastros y los registros públicos de la propiedad.
El proyecto plantea una mayor coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la actualización e interoperabilidad de los sistemas utilizados para identificar, registrar y administrar la información de los inmuebles.
¿La nueva ley crea un impuesto predial?
No.
Uno de los puntos que deberán quedar claros en la discusión pública es que la propuesta no crea por sí misma un nuevo impuesto ni modifica directamente las tasas del predial.
El predial continuará siendo un impuesto cuya administración y recaudación corresponde a los gobiernos municipales, conforme al marco constitucional.
Sin embargo, la reforma sí puede tener efectos en la recaudación.
¿La razón?
Un catastro más actualizado puede permitir identificar propiedades que actualmente no aparecen correctamente registradas, corregir información, actualizar valores catastrales y mejorar los mecanismos de cobro.
Es decir, el objetivo no sería inventar un nuevo impuesto, sino hacer más eficiente el cobro de uno que ya existe.
El verdadero alcance está en los datos
La propuesta busca establecer bases, principios y mecanismos para que la información catastral y registral pueda comunicarse entre las distintas autoridades.
Entre los objetivos se encuentran la modernización de los catastros, la homologación de criterios, la actualización de información y la interoperabilidad de los registros.
Esto puede parecer un asunto meramente administrativo, pero tiene una consecuencia importante: mientras más completa y actualizada sea la información sobre los inmuebles, mayor será la capacidad de las autoridades para conocer el universo de propiedades sujetas a obligaciones fiscales.
El debate, por tanto, no termina en la pregunta de si habrá un nuevo impuesto.
La discusión de fondo es qué tan precisa será la información inmobiliaria y qué efectos tendrá esa actualización en cada municipio.
Municipios con capacidades muy diferentes
Uno de los principales retos será la desigualdad tecnológica y administrativa entre municipios.
No todos los ayuntamientos cuentan con la misma infraestructura, conectividad, personal especializado o presupuesto para mantener actualizado un catastro.
La propia propuesta reconoce esta situación y plantea mecanismos de implementación que deberán considerar los diferentes niveles de rezago tecnológico, incluyendo infraestructura, digitalización, conectividad y capacidad presupuestaria.
El objetivo declarado es reducir esa brecha mediante herramientas tecnológicas y procesos estandarizados.
Pero ahí aparece uno de los grandes desafíos de la reforma: una plataforma nacional o un sistema homologado no garantiza por sí mismo que todos los municipios tengan la capacidad para utilizarlo correctamente.
La modernización dependerá también de personal capacitado, recursos y capacidad administrativa.
Respeto a la autonomía municipal
Durante la discusión del dictamen se realizaron modificaciones a la propuesta original para precisar conceptos y evitar interpretaciones sobre las competencias de los gobiernos locales.
Uno de los cambios fue sustituir la denominación “Plataforma Nacional Catastral” por “Plataforma Catastral Municipal”.
El propósito, de acuerdo con el dictamen, es dejar claro el alcance de la herramienta y preservar las atribuciones municipales establecidas en el artículo 115 constitucional.
También se modificaron diversas referencias a las autoridades responsables de estas funciones, con el argumento de precisar quiénes estarán sujetos a las disposiciones de la nueva legislación.
¿Quién tendrá responsabilidad sobre los datos?
Otro punto relevante está relacionado con la información registral.
El proyecto establece que la gestión y utilización de los datos contenidos en la plataforma de registros públicos de la propiedad, cuando sean utilizados para trámites y servicios, corresponderá a cada autoridad registral dentro de su ámbito de competencia y responsabilidad.
Este aspecto será especialmente relevante conforme avance la digitalización.
Una mayor interoperabilidad puede facilitar trámites y reducir duplicidades, pero también obliga a establecer reglas claras sobre responsabilidad, actualización, seguridad y utilización de la información.
Una reforma que lleva años sobre la mesa
La iniciativa no surge de cero.
El dictamen recuerda que desde 2013 existe un mandato constitucional relacionado con esta materia y que posteriormente se realizaron diagnósticos, propuestas legislativas y foros de parlamento abierto.
Incluso hubo una iniciativa presidencial en 2016 y un proceso de discusión que se prolongó durante varios años sin concretar la expedición de una ley general.
La nueva propuesta pretende retomar ese proceso y adaptarlo a una realidad en la que la digitalización y el intercambio de información se han vuelto elementos centrales de la administración pública.
El punto que seguirá bajo la lupa
La aprobación del proyecto abre una discusión que va más allá del catastro.
Si los municipios cuentan con padrones más completos y valores catastrales actualizados, el potencial recaudatorio del predial puede aumentar, aunque eso no significa que automáticamente todos los contribuyentes vayan a pagar más.
El efecto dependerá de las decisiones que posteriormente adopten las autoridades competentes sobre valores catastrales, tasas, tarifas y mecanismos de recaudación.
Por eso, reducir la reforma a decir que “subirá el predial” sería simplificar demasiado el contenido del proyecto.
Pero tampoco sería correcto asumir que la modernización catastral será fiscalmente neutra.
Un Estado que conoce mejor sus propiedades también tiene mayores herramientas para recaudar.
Y esa será, probablemente, una de las partes más sensibles de la implementación de esta nueva legislación.
La pregunta que queda
El reto será conseguir que la modernización no termine convirtiéndose únicamente en una herramienta para recaudar más, sino también en un mecanismo para tener registros confiables, trámites más ágiles, mayor certeza jurídica sobre la propiedad y mejor planeación territorial.
La tecnología puede ordenar la información.
La ley puede establecer las reglas.
Pero el resultado dependerá de cómo los gobiernos estatales y municipales implementen el nuevo modelo y, sobre todo, de cómo se utilice la información que se pretende concentrar y conectar.
Porque el verdadero cambio no estará solamente en crear una nueva plataforma.
Estará en que, por primera vez, las autoridades puedan tener una visión mucho más completa y actualizada de la propiedad inmobiliaria.
Y ahí es donde comienza la discusión que realmente importa.
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